domingo, 17 de diciembre de 2017






AMÉRICA LATINA, ¿UN ALFIL SIN ALBEDRÍO?



Sustituir el dominio de las circunstancias y el azar sobre los individuos, por el dominio de los individuos sobre el azar y las circunstancias.[i]
  

ÁLVARO LOBO URQUIJO



AMÉRICA LATINA, ¿UN ALFIL SIN ALBEDRÍO?



 A la memoria de Ana Cristina, Santiago, Mario Fredy y Armando.



  

ÍNDICE



PREFACIO


De aquellos polvos vienen estos lodos…

Las teorías del desarrollo económico fueron objeto de reflexión en América Latina durante mucho tiempo. Se buscaba responder al interrogante de cómo sería posible que se diera un adelanto económico en estos territorios, que condujera a un progreso social y redimiera a la mayoría de la población hundida en la pobreza. Se creía que el capitalismo arraigaría en la región mediante la industrialización y atrás quedaría la especialización en la producción de materias primas con destino a las metrópolis, el viejo sistema heredado del siglo XIX.
A lo largo del debate sobre la forma de encontrar la senda del desarrollo, lentamente se fueron dejando de lado, por insatisfactorios, argumentos de carácter antropológico, geográfico y cultural que pretendían explicar el atraso y la pobreza. Sin embargo, fue un hecho económico el que propició la primera transformación: la gran depresión económica de los Estados Unidos, en 1929, originó la interrupción del comercio exterior de América Latina  —consistente principalmente en exportaciones de productos básicos e importación de manufacturas—  y dio lugar al surgimiento espontáneo, con una orientación heterodoxa, del célebre proceso de sustitución de importaciones, acompañado de una clara intervención del Estado en la vida económica de los países, dirigida a brindar apoyo a la incipiente industrialización. Los resultados económicos, sociales y culturales fueron de gran valor. Con posterioridad a estos eventos, se inició una amplia discusión y surgió una teoría latinoamericana sobre el desarrollo.
No obstante, la marcha de la industrialización adolecía de profundas fallas de origen político que impidieron a la industria avanzar a la manufactura de bienes intermedios y de capital, y proyectarse al mercado externo. Las élites ligadas al comercio y a la tierra tuvieron una gran presencia en la esfera del Estado y su predominio en el poder limitó de forma severa las transformaciones institucionales que permitieran a la burguesía industrial profundizar la evolución. La escasa capacidad competitiva de la industria se originaba más en las dificultades de orden institucional que en las de tipo económico. La forma como estaba distribuido el poder entre las diferentes élites impidió que los sectores con vocación industrial lograran que sus aspiraciones se convirtieran en políticas de Estado.
Desde el alba del siglo XX las luchas intestinas entre las élites se destacaron por el influjo dominante de los sectores comerciales y terratenientes, y dieron al Estado su sello distintivo e influyeron para que los sistemas de gobierno tendieran al despotismo en la mayor parte de los países. La influencia de estos grupos y el sistema antidemocrático que predominó en gran parte del siglo tuvieron graves consecuencias en la dinámica de la economía. Por una parte, los sectores empresariales orientados a las actividades industriales no encontraron seguridad y estabilidad en las políticas cambiaria, monetaria y crediticia para evolucionar de forma sostenida a las exportaciones. Requerían un mayor poder: “Solo una burguesía nacional unida y muy influyente podría llevar a cabo la industrialización —más allá de una sustitución de importaciones relativamente segura—, en una peligrosa etapa, orientada hacia la exportación.”.[ii] Este fue un factor importante en el debilitamiento de la industria. Luego, aparecieron otras condiciones que dieron al traste con el modelo. Por otra parte, el carácter antidemocrático de las formas de gobierno facilitó una acumulación de capital caracterizado por una gran desigualdad. Entre varios factores, los significativos excedentes de población provenientes del campo que llegaron a las ciudades a participar en las actividades industriales y comerciales, facilitaron a las élites mantener en niveles bajos los salarios y forjaron un esquema de distribución del ingreso distorsionado en detrimento de los trabajadores. El cuasi estado de bienestar  —conformado por limitadas prestaciones de salud, pensiones y cesantías— solo benefició a la burocracia estatal y a los trabajadores del sector formal que constituían una minoría de la población trabajadora. La falta de instituciones democráticas, además, impidió el escrutinio de los ciudadanos sobre la gestión pública, lo que derivó en una práctica extendida de corrupción y dilapidación de los recursos públicos. Asunto que se hizo más acusado cuando los regímenes políticos fueron dirigidos por militares, lo que incidió de manera significativa en la llamada crisis de la deuda.
En efecto, América Latina requería recursos para financiar su desarrollo. Este fue, y continúa siendo, una de sus mayores debilidades y es el reflejo de su escasa capacidad de ahorro. Al empezar la década de los años setenta del siglo XX, obtener recursos para satisfacer la necesidad de financiamiento era crucial. Esta situación coincidió con un exceso de liquidez en los mercados financieros internacionales, originado, a su vez, por los fenómenos de la inconvertibilidad del dólar en oro y el incremento de los precios del petróleo  —temas que se explican de forma prolija en la primera parte de este ensayo  —. La concurrencia de estos dos factores condujo a una amplia financiación para muchos proyectos, pero también propició una deuda exagerada en la mayor parte de los países, que no guardaba relación con las necesidades. La presencia de gobiernos militares y de civiles corruptos, con la complicidad de banqueros venales, condujo a un sobreendeudamiento, con efectos económicos y sociales devastadores. Se produjo la mayor catástrofe social en el siglo XX. Gran parte del progreso ganado con el modelo de sustitución de importaciones, retrocedió. Se habló, entonces, de la década perdida. En palabras del economista José Antonio Ocampo, “¡No hubo una década sino un cuarto de siglo perdido!”.[iii] Los índices de pobreza y desigualdad así lo confirman.
Al tiempo que esto sucedía, corría paralelo un proceso histórico de lucha por la democracia en el continente, que se vio afectado de manera notable por las constantes invasiones norteamericanas en Centroamérica y el Caribe, dirigidas a poner en el poder a gobiernos afectos a los intereses de las empresas de ese país. El éxito de la Revolución cubana fue el origen de una peligrosa confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Muchos de los episodios que se derivaron entre estas potencias llevaron a que se pagara un duro precio en vidas humanas y, para la región, la guerra fue menos “fría” de lo que sugieren los recuentos históricos.
En respuesta a la Revolución cubana, Estados Unidos adelantó programas “blandos”, como la estrategia de la Alianza para el Progreso, sistema de ayuda económica y social destinado a contener la influencia comunista, e impulsó los Cuerpos de Paz, orientados a matizar los sentimientos revolucionarios. Sus programas “duros” consistieron en promover de forma indirecta intervenciones para deponer gobiernos constitucionales. Los casos más representativos fueron los de Chile y Brasil, e incentivar la confrontación en pequeños países con ayuda militar, como en los trágicos casos de Centroamérica.
Por su parte, los ecos de la Revolución cubana condujeron —con el apoyo de la Unión Soviética—  a la aparición de múltiples movimientos guerrilleros que se extendieron al menos a trece países. Su lucha, teñida de una ideología radical, se planteaba como objetivo derrocar los gobiernos y dar marcha a una revolución. Los gobiernos locales, en gran parte dirigidos por militares, desataron una guerra irregular que en muchos momentos condujo al horror de la guerra sucia y su secuela de torturas, desapariciones, masacres, etc.
El fin de la Unión Soviética y de la guerra fría, simbolizada en la caída del Muro de Berlín, agotó la munición de nuestros conflictos. Gradualmente fueron desapareciendo los movimientos guerrilleros, salvo en Colombia. En este país, a contracorriente de lo que sucedía en el continente, la lucha armada se intensificó. Aparte de las guerrillas de orientación izquierdista, irrumpieron movimientos armados de extrema derecha, denominados paramilitares, en algunos casos ligados a la élite terrateniente. La persistencia de estos movimientos se sustentó, en gran medida, en la renta del negocio de la cocaína. Guerrilla y paramilitares tomaron a la población civil como objetivo de la guerra. Los estudios de casos emblemáticos de reconstrucción de la memoria de la guerra, que muchos años después haría el Centro Nacional de la Memoria Histórica, señalan que la guerrilla, los paramilitares, la mafia del narcotráfico y algunos agentes de la fuerza pública dieron dinámica a las prácticas de guerra que en los años noventa y principios del siglo XXI alcanzarían las más altas cotas de devastación y muerte en casi todas las regiones. Los paramilitares acudieron a asesinatos selectivos, infiltración del Estado, masacres, desapariciones, torturas, violencia sexual, desplazamiento de poblaciones. Por su lado, la guerrilla orientó su accionar, en buena parte, con ataques a la infraestructura, secuestros, toma de pueblos, amenazas, siembra de bombas antipersona en muchísimas zonas pobladas. Las detenciones arbitrarias, bombardeos indiscriminados, torturas, y todo un repertorio de arbitrariedades, fueron rasgos distintivos de algunos agentes de la fuerza pública. Al tiempo que esto sucedía, sectores minoritarios de la guerrilla adelantaban negociaciones para renunciar al uso de las armas e incorporarse a la vida civil a cambio de reformas del sistema político. Entre tanto, los carteles de la mafia declararon una guerra a muerte al Estado con el propósito de evitar su extradición a los Estados Unidos; sus métodos, como en los casos anteriores, consistieron en actos terroristas en una escala nunca antes vista. Además, se aliaron con las fuerzas paramilitares para perseguir a la guerrilla, como respuesta a los secuestros que esta adelantaba en su contra y, de nuevo, sus ataques fueron contra la población que identificaba como simpatizante de aquella.
Por fin en el año 2004 se iniciaron negociaciones con las fuerzas paramilitares: se promulgaron leyes de sometimiento y se culminó con el desmonte formal de sus estructuras militares. Hubo una significativa reducción de la violencia. Muchos de sus integrantes migraron a otras formas delincuenciales, las llamadas “ bandas criminales”. Por su parte, el sector mayoritario de la guerrilla inició con el gobierno negociaciones en el año 2012, dirigidas a poner fin a la guerra, en la ciudad de La Habana. Por primera vez, después de varios intentos, en esta ocasión se avanza en la agenda acordada. Si bien existe incertidumbre sobre ciertos aspectos del proceso, parece existir un auténtico anhelo entre los colombianos de que la guerra llegue a su final.
En América Latina, hacia los años noventa, se estableció el nuevo paradigma del modelo librecambista y se presentó el regreso de la democracia. Las viejas prácticas de golpes de estado, desaparecieron. Las acciones armadas de Estados Unidos llegaron a su fin con las esperpénticas invasiones en Grenada y Panamá. Se inauguró un nuevo sistema de dominación en el que no se requería la violencia física sino la disciplina económica. Las entidades de crédito multilaterales vinieron a disciplinar a los países y su guía fue lo que John Williamson llamó el Consenso de Washington. Desde entonces, el continente es gobernado por regímenes democráticos. La experiencia de los últimos veinticinco años señala que funciona una democracia con todo el ritual de elecciones y el sistema parlamentario, lo que sin duda representa un factor civilizador de la vida política.
Un examen de los efectos del modelo librecambista vigente en estos años indica que se presentaron importantes beneficios, como el control a la inflación y la disciplina fiscal, que estuvieron ausentes en el modelo de desarrollo anterior. Hubo otros resultados que son claramente indeseables; la inscripción en la órbita mundial de nuestras economías, a la manera de la nueva ideología liberal, significó una mayor especialización en la producción de materias primas para las metrópolis. La base industrial creada en medio siglo se erosionó y las actividades financieras y de servicios crecieron de forma notable. La dependencia de sector externo sigue siendo una gran debilidad, de tal suerte que las dos crisis internacionales que afectaron al capitalismo, en los años 1997 y 2008, tuvieron en la región grandes y negativas repercusiones. El crecimiento global de la economía fue lento e inestable, dinámica impuesta por el ritmo de la economía mundial. No obstante, se vivió una época de expansión y modernización que no redujo el grado de informalidad ni disminuyó la desigualdad social. Esta región de la tierra es hoy considerada quizá la más inequitativa del mundo. Guy Ryder, secretario general de la OIT, lo dijo en estos términos: “América [Latina] sigue siendo la región más desigual del planeta y su gran desafío es reducir la tasa de informalidad laboral, que sigue siendo `muy alta.´”.[iv]
El camino recorrido de la mano del modelo de sustitución de importaciones, entre 1930 y 1980, significó un gran progreso económico, medido en términos de crecimiento, y se vivió un adelanto social y cultural significativo. A pesar de ello, persistió una gran desigualdad que fue fuente de pobreza y de conflictos sociales. Con el modelo librecambista, instaurado a finales de los años ochenta, se presentó la modernización del Estado, la mejor administración de la economía, la vinculación al mercado mundial, el impacto en la vida cotidiana de las altas tecnologías de la comunicación. Pero sobrevivieron algunos de los más antiguos problemas: la economía informal y la inequidad social.
Pareciera que la economía latinoamericana fuera tras una quimera —el crecimiento lento y errátil—  sin conseguir reducciones drásticas en la desigualdad social.
Hay, hoy, un olvido de la preocupación por el desarrollo. Rápidamente se impuso una visión en la que predomina el criterio del interés propio, la sustracción del Estado de la economía, la aclamación del mercado como mecanismo idóneo para asignar los precios, así como su supuesta capacidad de autocorrección y la contención a toda costa del gasto público a la hora de atender las demandas de la población. Las reformas del Estado, conducentes a su desmonte, fueron presentadas como un asunto de eficiencia. En realidad, este reduccionismo, acotado a lo operativo, buscó el ocultamiento de la dimensión política del asunto, para conseguir que la discusión que debía darse fuera limitada a un aspecto técnico y, así, soslayar el debate político en el que se escucharan las diferentes voces de la sociedad, como corresponde a un sistema democrático.
Apareció, entonces, una excesiva preocupación por el crecimiento económico. Desde diferentes lugares de la sociedad se dio prioridad máxima al crecimiento del PIB. En tiempos recientes, por ejemplo, uno de los periódicos destacados de Colombia ensalzó la noticia sobre el crecimiento de la economía en el 2013, señalando que este es el país que más crece en Latinoamérica, dando por sentadas las bondades del crecimiento económico: “implica mayor disponibilidad de bienes y servicios, mayor recaudo fiscal y, por tanto, mayores posibilidades de proveer bienes públicos… y suele estar acompañado de menores niveles de pobreza, necesidades básicas insatisfechas y de mejores niveles de salud y educación”. El informe del periódico termina preguntándose qué tan lejos estamos de ser un país desarrollado. Su respuesta es contundente: “Si el PIB per cápita crece al 4% —hoy lo hace al 2%— Colombia tendrá un ingreso de país desarrollado antes del 2025”.[v] Irónicamente, esta noticia habla de las bondades del crecimiento en el mismo año en que en el país se presentaban manifestaciones generalizadas, por campos y carreteras, reclamando mejores precios para los productos agrícolas y mejoras en las condiciones de vida de la población del campo.
Aquellas conclusiones son erróneas y lo son también las teorías que orientan las decisiones políticas, mismas que condujeron a una situación social precaria y a una gran inequidad, característica básica de Colombia.
Economistas y filósofos conscientes del estado de desigualdad de nuestro mundo, como Joseph Stiglitz y Martha Nussbaum, han señalado en múltiples ocasiones la idolatría de la época actual por el crecimiento de la economía. “Ya se ha sacrificado demasiado en el altar del fetichismo del PIB.”.[vi] Es necesario reinterpretar este indicador como lo que es: medida de la producción mercantil y no un índice del bienestar económico. Esta crítica conduce a una inquietante cuestión. La economía, que es un medio para el bienestar y la exaltación de lo humano, se convirtió en una finalidad; y los hombres, en medios para cumplir el objetivo del crecimiento. Debemos retomar la vieja preocupación por el desarrollo económico y social, insistir en que su objetivo es la lucha por la plenitud de la existencia humana y redefinir el papel del Estado en la sociedad. Requerimos una visión que esté más allá de la teoría tradicional  —y su excesivo interés en el producto—   y se preocupe realmente por los individuos: que puedan tener vidas saludables, productivas y razonablemente largas; acceso a la educación; y no solo vivir para morir sin participar de la vida comunitaria y política; sin disfrutar del amor, la amistad, el arte, la ciencia, la literatura, el juego y la poesía. Para construir esta visión se precisa una mirada multidisciplinaria. El hombre no puede ser pensado solo como un egoísta, maximizador de utilidad, tal como lo concibe la economía neoclásica. Es indispensable ampliar los horizontes y considerar el asunto desde otras perspectivas.
Las preocupaciones iniciales de la ciencia económica por el bienestar humano fueron olvidadas. Con el avance de la complejidad del mundo, necesitó una teoría más amplia y mejor conformada para hacer deducciones, proposiciones y pronósticos a fin de resolver los problemas que se le presentaban. Para esos propósitos le era propicia la estructura de la matemática, en la que existen demostraciones incontrovertibles. Ello solo puede hacerse por su constitución formal que conecta —por necesidad lógica—  todas las proposiciones. Esto no es posible en las ciencias, ya que sus enunciados de carácter empírico no tienen conexión lógica, son contingentes. Cuando un hallazgo es aceptado en las ciencias, se dice que es solo plausible. Este resultado es también otra hipótesis, de rango similar a las que le sirvieron de fundamento, pero con mayor grado de credibilidad. Por esta razón, sus conclusiones están sometidas a permanente revisión y cambio. Pero nadie revisaría un teorema matemático o lógico. La economía puede llegar a una optimización con muchísimas restricciones, dada sus limitaciones respecto a otras ciencias, como la física, por ejemplo. Quizá desvió su rumbo en su excesiva búsqueda de la validez científica de sus conclusiones y abandonó su finalidad y su origen que están ligados al enaltecimiento del hombre. Es primordial que vuelva a sus raíces, esté a favor de la sociedad y contribuya, al lado de las ramas humanísticas y sociales, como la historia, la filosofía, la literatura, etc., a una construcción plena de la realidad y al bienestar social.
“Digámoslo muy claro: La disciplina económica aún no ha abandonado su pasión infantil por las matemáticas y las especulaciones puramente teóricas, y a menudo muy ideológicas, en detrimento de la investigación histórica y de reconciliación con las demás ciencias sociales.”[vii]. La asociación internacional de estudiantes de economía expresa esa preocupación de la siguiente manera: “La enseñanza de la economía debe incluir enfoques interdisciplinarios y permitir a los estudiantes interactuar con otras ciencias sociales y con las humanidades. La economía es una ciencia social; los fenómenos económicos son complejos y rara vez se pueden entender si se presentan en el vacío, aislados de sus contextos sociológicos, políticos e históricos. Y para poder discutir sobre política económica adecuadamente, los estudiantes han de entender los impactos sociales y las implicaciones morales de las decisiones económicas.”[viii].
En este ensayo hago una breve reconstrucción del tránsito de América Latina por dos modelos de desarrollo en la última centuria para señalar, entre otras cosas, que, pese a los progresos registrados en vastos campos, continúan existiendo carencias sociales notables, cuya existencia amenaza el experimento democrático que vivimos. Para que la democracia sea sostenible se requiere ir más allá de las formalidades políticas e inducir transformaciones en la sociedad que reduzcan la desigualdad y eliminen los escandalosos grados de injusticia. El Estado no puede desentenderse de sus responsabilidades redistributivas en interés de los equilibrios macroeconómicos. Quizá sea la hora de arriesgarnos y poner al hombre en el centro de las políticas públicas. Tendríamos que asumir una visión práctica, abandonar el dogmatismo abrumador que generan las ideologías y plantearnos al hombre como el principal objeto de nuestras preocupaciones. Creo que el enfoque de las capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum cumple buena parte de estos requisitos y sitúa la controversia sobre el desarrollo en el punto más conveniente, por cuanto no concentra su atención en el economicismo que ahoga la experiencia humana, ni desconoce la importancia de la economía, sino que parte de la preocupación de qué son capaces de hacer y ser los seres humanos. Plantea la necesidad de que el Estado propicie, con todos sus recursos, la libertad del individuo —proveyendo los medios a fin de asegurar sus capacidades mínimas—  para que este ejerza su autodeterminación moral. La rica discusión condujo a propuestas claras a los gobiernos sobre la forma de actuación a fin de mejorar la calidad de vida de las personas. Por supuesto, que van en contravía de la ideología neoliberal reinante en el continente. Martha Nussbaum recomienda una lista de capacidades mínimas que los gobiernos deberían promover entre sus ciudadanos para asegurarles una vida digna. Revisar esa lista y establecer un examen público en torno a su factibilidad, resulta estimulante en el debate sobre los pasos que debería dar la región.
¿Acaso podremos escapar de las fórmulas que las instituciones de crédito multilaterales imponen a nuestros países y pensar por nosotros mismos alternativas que conciban al hombre como el objeto de la máxima atención? ¿Quizá sea posible crear un entorno de menor desigualdad que haga sostenible la democracia?
El ensayo está conformado por tres secciones, aparte de este prefacio. En la primera, se presenta una visión histórica de los hechos y resultados a lo largo del periodo de vigencia de los modelos de sustitución de importaciones y de librecambio; esta es propiamente la visión económica del asunto. En la segunda sección, se hace un análisis conciso del proceso que fluyó paralelo al económico, en la lucha por la democracia. En la sección final se reflexiona sobre la pertinencia del enfoque de las capacidades.
  
Reconocimientos
La reflexión en este estudio se nutrió de importantes obras. Mencionaré tres de ellas:
El luminoso estudio de José Antonio Ocampo, escrito en colaboración con Luis Bártola: Desarrollo, vaivenes y desigualdad. Una historia económica de América Latina desde la independencia. Igualmente, la obra de Ha-joon Chang ¿Qué fue del buen samaritano?; así como La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas del PNUD.
Dos estudios sobre la obra de Amartya Sen resultaron esclarecedores para el autor: El sujeto activo: Antropología política en Amartya Sen, de Andrés Eduardo Saldarriaga Madrigal, y El enfoque de las capacidades de Amartya Sen: Alcances y límites, de Martín Urquijo.
Las obras de Amartya Sen y Martha Nussbaum constituyeron la base filosófica que guía mi reflexión. En la sección de bibliografía se hace un detallado registro de los trabajos consultados.
Agradecimientos—.
Mi agradecimiento a Gonzalo Betancur Urán —mi antiguo profesor de Teoría del desarrollo—, con quien tuve la oportunidad de compartir durante muchas tardes las ideas aquí expresadas y beneficiarme de sus comentarios, así como de sus recomendaciones a las versiones iniciales del informe.
Agradezco al profesor Jairo Ibarbo Sepúlveda su guía por los intrincados caminos de la filosofía práctica y sus comentarios a versiones preliminares del documento. Asimismo, valoro la colaboración en la recolección de información y en la lectura crítica de este documento por parte del economista Juan David Guerrero Agudelo, y las valiosas sugerencias del abogado Álvaro Gil Araque, que contribuyeron a hacer un poco más ordenadas las ideas presentadas.
En esta, como en otras ocasiones, recibí la colaboración entusiasta de José Raúl Jaramillo Restrepo en la revisión y corrección del texto. Vaya mi gratitud por su dedicación.
Mientras realizaba las actividades de investigación y redacción recibí el constante estímulo y apoyo de mi esposa y mis dos hijos; a ellos expreso mi agradecimiento.
Las ayudas y orientaciones que recibí, desde luego, no me eximen de la responsabilidad sobre los defectos de este estudio.

ECONOMÍA LATINOAMERICANA: MARCHA ERRÁTIL TRAS UNA QUIMERA


La edad dorada del capitalismo fue el tiempo comprendido entre el fin de la II Guerra Mundial y el inicio de la década de los setenta, y su mayor logro sin duda fue la creación del estado de bienestar. Pero en los años setenta se presentó en el mundo industrializado una crisis económica profunda y prolongada que interrumpió el crecimiento sostenido desde la postguerra.
El final de la edad dorada —después se verá que sus bases eran débiles—                    fue propiciado por muchos factores. Hubo algunos muy visibles que precedieron la mencionada crisis y cuyos efectos fueron demoledores para la dinámica del sistema: la declaratoria de inconvertibilidad del dólar en oro en 1971 y el embargo petrolero de la OPEP en 1973. Se examinará brevemente cada uno de ellos.

Fin del patrón oro


Al terminar la II Guerra Mundial quedaron destruidas las naciones europeas y consolidado el poder de Estados Unidos como la principal potencia económica y militar de la tierra. En la célebre reunión de Bretton Woods en 1944, los aliados occidentales establecieron un nuevo régimen monetario.[ix] La conferencia se caracterizó por la controversia entre ingleses y norteamericanos, lo que, por cierto, reflejaba la lucha por la hegemonía del poder.
Inglaterra proponía la creación de una institución, con jurisdicción internacional, que regulara los movimientos monetarios. Sugería la creación de una moneda universal y un mecanismo de crédito compensatorio encaminado a subsanar déficits de balanza de pagos. Su posición estaba inspirada, en realidad, en su debilidad, y su propósito era obtener apoyo destinado a limitar el poder norteamericano. Pero también en este terreno debió resignarse a ser un imperio en decadencia. La propuesta, presentada y defendida por John Maynard Keynes, fue derrotada.
Finalmente, el grupo de los diez [x] acordó lo siguiente:
1.        Definición de la moneda (el dólar) con respecto al oro.
2.        Unidad del tipo de cambio para todas las transacciones.
3.        Estabilidad entre los tipos de cambio, sin dejar fluctuar la moneda más del 1%.
4.        Creación del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Esta entidad evolucionaría y se convertiría en la Organización Mundial de Comercio (OMC).
5.        Los países entregarían una cuota a las nuevas instituciones, constituida por moneda nacional en un 75% y el resto en oro. Cada país adquiriría el derecho a un voto.
6.        Los créditos que se concederían no serían automáticos sino condicionados a que el país beneficiario aceptara las recomendaciones de las nuevas instituciones financieras.

En la primera época de la postguerra el mineral se mantuvo estable y las monedas europeas se devaluaron, lo cual puso al dólar en una posición privilegiada. El proceso evidenciaba el gran avance económico de Estados Unidos. Su producto interno bruto representaba la mitad de la producción mundial,[xi] situación que permitió a los inversionistas de este país adquirir empresas en Europa a un bajo precio. Se inició el auge de sus exportaciones de capital. En los años siguientes, en virtud de la enorme liquidez, los mercados “creían” que la Reserva Federal tenía el criterio de “producir” dinero por encima de sus reservas efectivas.
En respuesta a esta liquidez, aparentemente sin un respaldo real, se desató una fiebre especulativa por la compra del oro en 1968. Los operadores del mercado conjeturaban que no se mantendría el precio de US$ 35 la onza troy. En París el mineral alcanzó un precio, nunca antes registrado, de US$ 44 la onza troy. Para confrontar la situación los miembros del Gold Pool[xii] se reunieron en Washington y acordaron que todas las transacciones entre los bancos centrales continuarían a US$35 la onza troy, pero que no venderían el metal en el mercado primario. Se establecieron, así, dos mercados: precio fijo de US$35 entre los bancos centrales y precio fluctuante en el mercado privado. Se acordó también que los aliados no presionarían la convertibilidad ante la Reserva Federal. El gobierno norteamericano recibió un gran alivio porque en medio de la guerra fría debía solventar la carrera espacial y lidiar con la guerra de Vietnam. Fue un alivio transitorio, pues las bases de su posición dominante no estaban sustentadas en un progreso constante de la productividad de su industria, sino sostenidas en gran medida en su poder militar y en el control monetario. Por lo que la convertibilidad llegó a ser insostenible.
El 15 de agosto de 1971 el presidente Nixon decretó la inconvertibilidad, lo que de hecho significó una devaluación del dólar y la terminación unilateral del principal punto de los acuerdos de Bretton Woods. Por primera vez el mundo estaba sustentado en una moneda sin respaldo de un metal, solo por el poder económico y militar norteamericanos.
El ciudadano corriente se acostumbró a lo largo de una generación al papel moneda no redimible a un precio fijo. Keynes llamó a esto el paso de la edad del dinero-mercancía a la edad del dinero-representación. Una visión menos caritativa es que este dinero inconvertible posee un valor dictado tan solo por la fantasía de los políticos que pueden imprimir tan poco (o tanto) como les plazca.[xiii]
El oro perdió su principal virtud, que era la estabilidad de precios. Se había utilizado como patrón desde 1717, cuando Sir Isaac Newton, como presidente de la Casa de la Moneda, estableció un precio fijo de tres libras, diecisiete chelines y diez peniques y medio por onza troy.[xiv] Este precio se mantuvo estable hasta 1931. En nuestros días puede variar de US$400 a US$800 en corto tiempo. Desde luego que la explicación de este fenómeno se encuentra en la inconvertibilidad y en el exceso de emisión. La ausencia de verificación y control sobre la emisión condujo a la “producción” ilimitada de dinero. En esta época alguien dijo en Washington: “Podemos imprimir dólares con mayor rapidez que los árabes bombean el petróleo.[xv]”. Los bancos se encontraron con una inmensa liquidez.
La reacción inmediata de los mercados a esta decisión fue la de deshacerse de la liquidez, invirtiéndola en activos que no perdieran su valor, como el petróleo, por ejemplo. Los precios de estos bienes, expresados en dólares, se incrementaron de forma significativa y se desencadenó un proceso inflacionario.
La excesiva liquidez incentivó la reconstrucción de un mercado de capitales a escala sin precedentes. Más adelante, cuando a esta situación se sumen los efectos de la recesión y la disminución de la demanda de crédito a los bancos por parte de las empresas, debido al resurgimiento de formas de financiación no bancarias  —como la emisión de bonos y acciones—, surgirá el interés de los bancos por buscar otros mercados.

Embargo petrolero

Las consecuencias de la desaceleración, posteriores a la eliminación del patrón oro, se verán magnificadas en 1973 por el formidable incremento de los precios del petróleo. El 23 de agosto de ese año, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en represalia al apoyo brindado por los aliados occidentales a Israel en su guerra contra Egipto y Siria  —la llamada guerra del Yom Kippur—, declaró el embargo de petróleo. Las consecuencias de la crisis petrolera se transmitieron de forma rápida por todo el planeta. En diciembre, el precio del petróleo en el mercado pasó de US$3 el barril a cerca de US$12.
El pánico se apoderó de los mercados y de los consumidores. El desconcierto fue tal que muchos consideraron que las empresas multinacionales del petróleo “amenazaban con socavar algo que los norteamericanos habían llegado a tener por un derecho tan básico y venerado como la libertad de expresión, de prensa y de reunión: el derecho a adquirir su petróleo y su `automovilidad´ por poco dinero.”.[xvi]
La nueva situación produjo, por un lado, una gran dificultad económica. En Estados Unidos la recesión se prolongó desde finales de 1973 hasta el primer trimestre de 1975. Inducida por el aumento extraordinario de los precios del petróleo, la economía se contrajo en tanto que la inflación se incrementó. Se produjo una estanflación.[xvii]
Por otro lado, los miembros de la OPEP se encontraron con una inmensa riqueza líquida que fue depositada en los bancos internacionales, especialmente en Europa —el mercado de los petrodólares—. Esta liquidez, unida a la creada por la inconvertibilidad, incentivó en gran medida a los bancos a organizar el mercado de capitales en la búsqueda de una mayor rentabilidad. Como ya se indicó, las grandes corporaciones habían disminuido la demanda de créditos porque encontraron formas más adecuadas a sus necesidades en la emisión de bonos y de acciones. El cambio en la demanda condujo a los bancos a buscar en el Tercer Mundo  —que crecía a ritmos elevados impulsado por la sustitución de importaciones, especialmente en Latinoamérica— nuevos mercados donde invertir sus fondos. A diferencia de las experiencias del auge de los años treinta, basadas en la compra de bonos emitidos por las naciones, en esta ocasión se diseñó el mecanismo directo de los bancos a los gobiernos, sus empresas públicas y al sector privado.

Modelo de sustitución de importaciones


Luego de la gran depresión de 1929, América Latina halló que la caída abrupta del comercio cerraba las posibilidades de sustentar su crecimiento en la exportación de los productos primarios, como había ocurrido desde finales del siglo XIX con el modelo primario exportador. La sustitución de importaciones se presentó como una necesidad. En un principio fue una reacción espontánea y, luego, los gobiernos emprendieron acciones dirigidas a apoyar el proceso.[xviii]“La industrialización de América Latina fue un hecho antes de que fuera una política, y una política antes de que fuera una teoría.”.[xix]
Las circunstancias externas que propiciaron la implantación de la nueva estrategia no eran suficientes; se requerían condiciones internas que propulsaran el proceso y lo hicieran factible desde el punto de vista político. Gracias a las alianzas entre las nuevas élites empresariales y de estas con amplios sectores populares de los centros urbanos en crecimiento, se hicieron acuerdos tácitos que se tradujeron en decisiones gubernamentales en favor del proceso económico en marcha y, al mismo tiempo, permitieron que el sistema de dominación continuase sin interrupciones, a pesar de los intereses contrapuestos de los grupos participantes.
La esencia de la estrategia era la sustitución de importaciones y la promoción de la inversión pública. Se creyó que en la primera etapa se sustituirían las manufacturas de bienes de consumo y procedería otra etapa de producción de bienes intermedios y de capital.
Las dificultades iniciales del proceso fueron enormes. Se había heredado un grave problema de endeudamiento. No existía la forma de atender el servicio de la deuda con los mercados del Centro en los años veinte. Fue indispensable adoptar medidas severas encaminadas a enfrentar los déficits de la balanza de pagos. Se acudió a la devaluación de las monedas locales, a elevados incrementos de los aranceles y al control del comercio exterior. La interrupción del comercio llevó en principio a una mayor intervención oficial. Se abandonó la ortodoxia económica —en algunos casos se nacionalizaron empresas como, por ejemplo, la industria petrolera en México—. Las políticas monetarias y fiscales se orientaron a dinamizar la demanda y se tomó la medida extrema de declarar la moratoria del pago de la deuda externa, medida que surtió un efecto positivo en el crecimiento en los años treinta, si bien, comparado con los veinte, hubo un crecimiento económico de solo 2,3%.[xx]
El dinamismo de la producción manufacturera se sustentó en el mercado interno y tuvo una continuidad restringida hacia las exportaciones de bienes intensivos en mano de obra. Desde 1930 hubo crecimientos que permitieron un progreso general. Pueden identificarse tres fases del proceso entre 1930 y 1980, a pesar de que el subcontinente no está conformado por países con igual grado de evolución. Sus diferencias obedecen a sus desiguales dotaciones de recursos naturales, sus localizaciones respecto a las rutas de comercio y, primordialmente, a la singularidad de los procesos políticos que condujeron a que unos evolucionaran más rápido que otros.
En la primera fase, de 1930 hasta la postguerra, se realizaron planes orientados a promover nuevas industrias y se disminuyó el extremo grado de dependencia de las importaciones. En la siguiente, de la postguerra a 1960, la característica dominante continuó siendo la escasez de divisas, la captura del Estado por sectores que consiguieron expresarse políticamente y obtener niveles de protección arancelaria incondicionales, lo que dio lugar a una protección indiscriminada y permanente que fue desvirtuando el espíritu inicial. Los esfuerzos de integración regional dirigidos a ampliar los mercados fueron inútiles.
La última etapa fue el cenit de la industrialización. Entre 1973 y 1974 se presentaron los mayores tamaños relativos de la industria manufacturera. Se percibía con claridad el avance, el crecimiento económico y la evolución de los indicadores sociales francamente era positiva. “De hecho, en la literatura de los años setenta, varios países latinoamericanos, entre los que se destaca Brasil, eran presentados internacionalmente como ejemplos de éxito exportador junto con los `tigres asiáticos´”.[xxi]
Desde entonces, la importancia relativa de la industria en unos casos se estancó y en otros descendió, reflejo claro de un proceso de desindustrialización. En esta etapa se iniciaron de forma explícita los estímulos a las exportaciones, buscando configurar un modelo mixto; asimismo, se inició un proceso de desregulación de la actividad económica, aspecto que fue más evidente en el Cono Sur y estuvo acompañado de un cambio significativo en el debate intelectual en el que se descalificaba el papel del Estado en la actividad económica y, por supuesto, los cambios fueron ejecutados por dictaduras militares.[xxii]
En tanto que en las naciones ricas los ciclos económicos se originaban en las variaciones de la demanda, en la región, en todo el siglo XX, tuvieron su causa en la balanza de pagos, es decir, en las restricciones en el comercio exterior y en el financiamiento externo. La estrategia de industrialización encontró severas limitaciones por la persistencia de desequilibrios externos y por la incapacidad de generar ahorro que sustentara las nuevas inversiones. El acceso al mercado de capitales era limitadísimo. Precisamente, por ese motivo, los gobiernos tradicionalmente acudieron a los controles de cambio como mecanismo de ajuste de los déficits de la balanza de pagos, lo cual reforzaba el carácter proteccionista del régimen. La incapacidad de generar ahorro interno, unida a las dificultades de acceso a la banca internacional, creó un círculo vicioso de políticas proteccionistas indiscriminadas. Más adelante se analizará la salida que se encontró a tan delicado problema.
El sector industrial fue el centro de la intervención estatal, pero sus acciones no se limitaron solo a ese campo: también se extendieron hacia los servicios públicos y financieros, la construcción de infraestructura, el establecimiento de empresas en sectores claves y se adelantaron planes de salud pública con un impacto directo positivo en la población. Estas acciones, unidas a los adelantos económicos y la creciente urbanización, indujeron una mejora general en la salud de la población, cuyo resultado principal consistió en desatar un proceso de transición demográfica singular en la historia. Entre 1930 y 1965 se presentó una disminución de la mortalidad, acompañada de un incremento de la fecundidad y de la nupcialidad, así como una clara tendencia a uniones muy tempranas y a una reducción del celibato, que condujo a un incremento extraordinario de la población, a una verdadera explosión demográfica[xxiii].
Las variables básicas del sistema de reproducción demográfica —natalidad, nupcialidad, mortalidad y movilidad espacial—  sufrieron grandes transformaciones, pero no en todos los lugares ocurrió de la misma manera. En la ciudad de La Habana y en algunas del Cono Sur —que habían recibido flujos migratorios europeos significativos — la esperanza de vida era, al empezar el siglo, de 39 años, similar a la de Europa.[xxiv] Pero estos eran casos excepcionales. En el resto era de 30 años, en 1930. Desde ese momento se adelantaron campañas de salud pública, de vacunación, de higiene, de prevención de enfermedades infecciosas. Se construyeron centros de salud, dispensarios, hospitales, lucha permanente contra el paludismo y se adoptaron nuevas prácticas médicas que dieron como resultado, en 1960, una esperanza de vida de 60 años. “En solo tres décadas, a partir de 1930, se recorrió el camino que le llevó 200 años a los estados europeos.”[xxv]Algunos países se tomaron quince años más, como Ecuador, Perú y los centroamericanos, salvo Costa Rica.
La favorable dinámica del índice de mortalidad trajo consigo una evolución positiva de la de fecundidad. Las mejoras sanitarias en los embarazos y los partos, así como la mayor duración de los matrimonios por la reducción de la viudez, elevaron los ritmos de fecundidad hasta 1965. Esta evolución condujo a cambios notables en la estructura de edades, hubo más población joven y también aumentó la dependencia familiar.[xxvi] En consecuencia, tendió a crecer más rápidamente la población global que la población en edad de trabajar y una porción importante de las mujeres continuó en los hogares al cuidado de los hijos, a pesar de las mejoras en su nivel educativo.
Hacia 1960 se inició una reducción de la fecundidad impulsada por el uso generalizado de métodos anticonceptivos: píldoras, dispositivos intrauterinos, esterilización y abortos. Se registraron descensos en la fecundidad hasta de 60% en 1985, con respecto a las de 1960, salvo en Bolivia, Nicaragua, Salvador, Guatemala y Haití, cuyas tasas de fecundidad y de mortalidad continuaban siendo elevadas, debido probablemente a la lentitud de su adelanto económico y social.
Esta tendencia de la fecundidad dio origen a una nueva transición demográfica en corto tiempo. El proceso se inició principalmente en las grandes ciudades y entre mujeres de la clase media que habían tenido acceso a la educación. Esta actitud moderna estaba en línea con la evolución del primer mundo y lentamente se fue extendiendo entre las latinoamericanas. En 1985 el ritmo global de fecundidad se había reducido casi a la mitad respecto al de 1960 en gran parte de los territorios, menos en los más azotados por la pobreza.[xxvii] La consecuencia inmediata fue un incremento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo y, en general, una creciente dinámica de la población en edad de trabajar.
La sucesión de los dos procesos de transición demográfica en tan breve tiempo, acompañado del rápido crecimiento de la urbanización, desembocaron en un incremento de la población urbana del 4,4% entre 1950 y 1970, y la tasa de urbanización entre 1930 y 1980 pasó del 30% al 57%. Esta dinámica en tan corto tiempo histórico creó problemas inéditos.[xxviii]
La situación demográfica —reducción drástica de la mortalidad y la fecundidad y menor ritmo de crecimiento de la población global—  produjo un nuevo panorama cuyo factor más relevante fue la existencia de un bono demográfico. [xxix] Esto significó una menor presión de la demanda de la población infantil y una oportunidad de realizar inversiones de impacto social en la educación, la salud y lucha contra la pobreza. La duración del bono demográfico es un compás de espera que puede aprovecharse y reorientar por un tiempo las actividades oficiales hacia otros sectores de la sociedad. Desde luego que la duración del bono no es indefinida. Entre el 2020 y el 2035 terminará ese tiempo, salvo en Guatemala, Bolivia y Paraguay, cuya duración irá más allá de 2050.[xxx]Esta oportunidad no ha sido hasta ahora aprovechada.
En el tiempo del modelo de sustitución de importaciones, comprendido entre la gran depresión de 1929 y la crisis de la deuda en 1980, el crecimiento económico promedio fue de 5,5%, el más alto alcanzado en la historia. Estuvo acompañado de una dinámica demográfica sin antecedentes. En 1929 la población era de 100 millones, en 1950 pasó a 158 millones y en 1980 a 349 millones de habitantes. Y en los mismos años, la población urbana fue de 32%, 45% y 65%.[xxxi] Los países de mayor avance relativo al inicio del proceso  —los del Cono Sur y Cuba—se rezagaron, y los de gran tamaño —Brasil y México— tuvieron mejor desempeño, lo cual indica que el tamaño de sus mercados fue un factor determinante. Las transformaciones sociales permitieron gestionar con relativo éxito dos grandes procesos: el crecimiento urbano y las transformaciones demográficas. Su principal logró fue extender la duración de la vida humana de 30 a 60 años en promedio. La educación universal fue objeto de un gran impulso, así como los métodos de capacitación y en menor medida los de salud.
Los indicadores sociales evolucionaron de forma rápida, como no lo habían hecho en otro tiempo. Entre 1940 y 1980 los índices sociales experimentaron un gran progreso, pero se estancaron en los últimos veinte años del siglo XX e incluso se presentaron algunos retrocesos. El empleo urbano avanzó a costa de una creciente informalidad. La evolución de la pobreza fue menos alentadora. Los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señalan que en 1970 el 45% de los hogares era pobre y en 1980 esa cifra era de 35%.[xxxii] La distribución del ingreso evolucionó de forma negativa. Los excedentes de población provenientes del campo presionaron hacia la baja los salarios en las ciudades. El escaso grado de sindicalización  —concentrado en el sector moderno—  y el régimen político contrario a los intereses laborales agravó esta situación. América Latina, entonces, se convirtió en un territorio caracterizado por la desigualdad social.
Surgió una clase media vinculada gobierno y a las empresas privadas del sector moderno y fue la única beneficiaria del cuasi estado de bienestar: salud, pensiones y cesantías. El resto de la población quedó excluida de estos pocos beneficios.
Los cambios ocurridos, así como la creciente urbanización, el ascenso de una clase media con acceso a la educación, la consolidación de diarios y suplementos literarios, la creación de las bases de lo que sería más adelante una importante industria editorial, especialmente en la ciudad de Buenos Aires y en el Distrito Federal de Ciudad de México  —impulsada en los años treinta por la migración de los refugiados de la Guerra Civil española—, la aparición de modernos sistemas de comunicación, el avance significativo en la alfabetización, el establecimiento de nuevas universidades y bibliotecas, entre muchos otros asuntos, enriquecieron el medio cultural e irrumpió la figura del escritor enteramente entregado a su actividad creadora, arriesgando todo su ser a la apuesta de su obra, a diferencia de la mayor parte de los tradicionales señores de letras del pasado, típicamente habitantes de un olimpo en el que el arte era entendido como un ornamento en extremo sensible, alejado de la realidad circundante y esclavo de reglas de las academias europeas.
Estos escritores fueron apareciendo aquí y allá a lo largo del continente hasta formar una constelación de artistas creadores de lo que se llamó la novela latinoamericana. Roa Bastos provenía de Paraguay; Paz, Rulfo y Fuentes, de México; Borges, Sábato y Cortázar, de Argentina; Carpentier, Lezama Lima y Cabrera Infante, de Cuba; Asturias, de Guatemala; Guimarães Rosa y Lispector, de Brasil; Onetti, de Uruguay; Vargas Llosa, en Perú; Álvaro Mutis, Germán Espinosa y García Márquez, de Colombia, entre muchos otros. Ellos consiguieron darle una identidad a América Latina en el mundo y una nueva forma de expresar la experiencia humana.
Y tal vez en eso consiste precisamente la tarea de nuestra narrativa actual: en ser índice, imagen y presentimiento de trasformaciones profundas que están reestructurando los fundamentos de nuestra sociedad. Porque la narrativa es un arte impuro, arraigado tanto en la realidad social como en la vida interior, puede tal vez dar mejor que ningún otro la síntesis de esta experiencia en un lenguaje íntimo y universal[xxxiii]

Mercado internacional de capitales

Los bancos europeos y norteamericanos  —poseedores de una inmensa liquidez—  en los años setenta emprendieron el camino de valorizar sus inversiones. Su entorno inmediato era desolador por la recesión, debido a que las políticas fiscales y monetarias adelantadas contra la inflación —según el nuevo dogma consagrado por Milton Friedman en su contrarrevolución anti keynesiana[xxxiv]— produjeron un profundo y persistente desempleo.
Esta decisión creó el mayor auge y posteriormente también la mayor contracción de crédito en la historia. Tal fue la liquidez en el mercado de eurodólares[xxxv] que el tipo de interés en términos reales era negativo.[xxxvi]Múltiples bancos se organizaron y formaron cárteles de acreedores[xxxvii] con el propósito de canalizar sus capitales. Si bien los fondos se orientaron con intereses reales negativos, su característica esencial era que estaban atados a la Libor[xxxviii] de forma variable. Así los bancos, por anticipado, se protegieron de las eventuales fluctuaciones que se presentaran en los tipos de interés en el futuro. Muchos tiempo después, fue descubierta una conspiración de los bancos que operan en este mercado dirigida a manipular y obtener grandes utilidades de forma ilegal.[xxxix]
 Por supuesto que la contrapartida de esta operación fue trasladar los riesgos de mercado a los deudores. La operación resultaba atractiva a los bancos porque obtenían la liquidez en el Euromercado, con costos atados a la Libor y prestaban cargando unos puntos a la misma tasa, de modo que tenían garantizado un margen de rentabilidad. Pero aún restaba evaluar la capacidad crediticia de los “clientes” —es decir, los países del Tercer Mundo— y establecer con cierta precisión la solvencia y determinar el riego. Era el camino correcto de las decisiones por parte de los acreedores, pero en aquel momento la regulación bancaria era mínima y los bancos se aseguraban de actuar coligados en operaciones sindicadas; [xl]además, los deudores de última instancia eran las naciones y estas no se “quiebran”, salvo en el caso de la deuda privada.[xli] Solo después de la crisis desatada se elevarían los estándares en el manejo de los riesgos y se exigirían niveles elevados de solvencia (“apalancamiento” máximo) a los bancos, en los llamados acuerdos de Basilea.[xlii]
En tanto los acreedores estructuraban el mercado en una gran escala, quienes eventualmente serían los deudores vivían una situación de crecimiento favorable, bien distinto a la recesión de las regiones industrializadas. Aquellos solían mantener situaciones de déficits externos y fiscales, que propiciaron un “apetito” por los créditos externos. Una visión más completa del paisaje exige considerar el papel jugado por los organismos de la llamada banca multilateral —en unos casos actuaron como orientadores de los acreedores con sus informes favorables sobre la marcha de estas economías y, en otros, fueron directamente acreedores de última instancia.
Las inversiones que no habían podido realizarse encontraron una salida. En esta coyuntura se dio un giro político de las élites locales que permitió realizar alianzas internas y acuerdos con sectores externos orientados a canalizar los recursos que correspondían a las prioridades y, en otros casos, facilitaron el derroche o el enriquecimiento personal de los próximos a los grupos de poder. Más adelante se señalarán con precisión los costos sociales, los sueños aplazados y los nuevos cursos de acción derivados de esta encrucijada.
Los gobiernos contribuyeron a la inadecuada utilización de los fondos. En unos casos financiando mega-proyectos energéticos o de infraestructuras sin consideración con el entorno natural, los llamados “elefantes blancos”. Se firmaron contratos exagerados destinados a aventuras armamentistas, las dictaduras venales acudieron a prácticas corruptas para enriquecerse y mantenerse en el poder. Baste un ejemplo: la dictadura argentina —1976-1983— en el lapso de siete años multiplicó 5,5 veces el valor del endeudamiento. Al término de su “gobierno”, el saldo ascendía a US$45 mil millones. Yacimientos Petrolíferos Fiscales — empresa argentina dedicada a la exploración, explotación, destilación, distribución y venta de petróleo y sus productos derivados— fue obligada por la dictadura a endeudarse. Pasó de US$372 millones a US$ 6.000 millones. Muchas de estas divisas jamás llegaron a las arcas oficiales. Hubo empréstitos tomados a bancos extranjeros que reingresaron a las entidades acreedoras en forma de inversiones, obviamente con intereses inferiores a los de los préstamos.”[xliii]
La financiación  —en este caso externa—  que tanto se requería, terminó produciendo la mayor crisis económica y social en el siglo XX. Tal vez las relaciones de poder no fueron favorables a la burguesía industrial y sí lo fueron a los sectores ligados al sector financiero y a las empresas multinacionales que terminaron beneficiados con estos negocios.
“La espada de Damocles terminó siendo, curiosamente, el acceso al financiamiento externo, del cual la economía latinoamericana había carecido desde la gran depresión, debido a la volatilidad que estuvo asociada con dichos recursos.”[xliv]Esta deriva histórica habría de tener graves consecuencias en la siguiente generación.
Grupos sociales resultaban ampliamente beneficiados con el endeudamiento externo, situación que los alineaba con los intereses de los banqueros y los llevaba en unos casos a soslayar los controles institucionales. [xlv] En otros casos esta coincidencia facilitó el endeudamiento. Por cierto, no en todos los países sucedió de la misma manera. Hubo similitudes, pero también diferencias que se hicieron visibles cuando surgieron las dificultades del repago. Esta advertencia es importante tenerla presente y evitar la extrema simplicidad de considerar la región como una unidad socialmente homogénea, lo cual puede conducir a distorsionar la realidad y a concluir que el continente solo fue víctima de poderes externos —que sí lo fueron sus ciudadanos—; también hubo elites que se beneficiaron de políticas agenciadas desde afuera y en esa medida las apoyaron. La relación entre las fuerzas de los grupos sociales y las alianzas de poder en cada país — cuando resultaron victoriosas— ejercieron una dominación que se expresó en el discurso político y en las decisiones de gobierno. Esto explica la existencia de regímenes rapaces y dictaduras militares.
Quizá esta fue la oportunidad perdida de construir una base productiva y exportadora, similar al experimento exitoso llevado a cabo unos años antes en Corea del Sur y otros lugares del Sudeste asiático.
Corea decidió, con una orientación práctica y no ideológica, proteger las industrias seleccionadas, mediante medidas arancelarias, subsidios, financiación y apoyo en la comercialización en el exterior, hasta cuando fueron lo suficientemente fuertes y pudieron resistir la competencia exterior. Algunos de los grandes proyectos fueron realizados directamente por empresas estatales. Las divisas escasas fueron controladas y utilizadas en la importación de maquinaria, equipo y materiales acordes con su estrategia de industrialización.[xlvi]
Corea alcanzó estos resultados gracias a una actitud antidogmática. Visión al seleccionar industrias con potencial de competir, decisión al “crear” capacidades competitivas, protección del mercado interno, fijación de objetivos de largo plazo, disciplina, incentivos claros y decisión de determinar el final de la política de protección. En realidad, Corea no es una excepción; recorrió, a su manera, el camino seguido en su momento por Inglaterra y Estados Unidos, que hoy predican el libre cambio como una religión:
Una vez que se ha alcanzado la cima de la gloria, es una argucia muy común darle una patada a la escalera por la que se ha subido, privando así a otros de la posibilidad de subir detrás […] y predicar a otras naciones los beneficios del libre comercio, declarando en tono penitente que siempre estuvo equivocada vagando en la senda de la perdición, mientras que ahora, por primera vez, ha descubierto la senda de la verdad.[xlvii]

Crisis de la deuda


En los años setenta América Latina acumuló casi US$100 mil millones de déficit en la cuenta corriente de su balanza de pagos. Esa cifra fue cercana al aumento de la deuda pública desembolsada a largo plazo, que pasó de US$15.874 millones a US$ 110.079 millones entre finales de 1970 y finales de 1979; es decir, que aumentó en US$ 94.205 millones. Por su parte, el saldo a corto plazo con los bancos privados llegaba en 1979 a US$41.310 millones.[xlviii]

Los dos factores analizados  —la inconvertibilidad del dólar en 1971 y el incremento de los precios del petróleo en 1973—  produjeron una crisis que se manifestó —por primera vez— en estancamiento económico e inflación, así como en un creciente desempleo. No se transmitió de forma inmediata a la periferia. Sus impactos llegaron más adelante. Tres asuntos parecen explicar la situación: El primero, la reorientación de las exportaciones locales hacia mercados con crecimiento de importaciones elevadas. Segundo, una mayor participación de las manufacturas en las exportaciones. El tercer factor quizá sea el más significativo: el incremento continuo de recursos financieros externos a costos reales negativos.[xlix]Estos, desde luego, eran provenientes del exceso de liquidez originado en los factores antes mencionados.
Al terminar 1978 comenzaron a sentirse los resultados del sobreendeudamiento. Los intereses pagados en aquel año crecieron 39%, es decir, US$ 10 mil millones. El pago absorbió el 44% de los nuevos empréstitos: “prestar para pagar”.
La vulnerabilidad era máxima. La estabilidad dependía en alto grado de la disponibilidad de créditos externos. Se indujeron devaluaciones orientadas a mitigar la dependencia y evitar la erosión de las reservas. Justo en esas circunstancias, se presentó en 1979 un nuevo incremento de los precios del petróleo, propiciado por la revolución iraní. De nuevo hubo aumento en la transferencia de los países ricos a los miembros de la OPEP.
El efecto inmediato redujo el poder de compra de las naciones industrializadas y desalentó aún más su crecimiento económico. El estancamiento coincidió con la llegada al poder de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, quienes adelantaron una revolución ultraconservadora que tuvo graves resultados inmediatos en el Tercer Mundo y consecuencias de largo plazo por sus teorías de desmantelamiento del Estado y de libertad total de los mecanismo del mercado. Su política monetaria de incremento súbito de los tipos de interés buscaba frenar la inflación, pero elevó el valor adeudado, que había sido adquirido a costos reales negativos en la década anterior, pero fijada de forma variable, de modo que los costos reales subieron de forma exorbitante. “Las tasas de interés pasaron del 4-5 % a mediados de los 70, al 16 – 18 % a principios de los 80, e incluso superiores en los años siguientes.” [l]y, dado que el saldo era inmenso, el pago de intereses se hizo extremadamente difícil e implicó una transferencia masiva de capitales de Latinoamérica a los grandes centros financieros.[li]
La recesión surgida en los mercados industrializados desalentó la importación de los productos básicos de los países deudores, situación que condujo al descenso del precio de las materias primas y los productos provenientes de la agricultura, que conformaban parte de la base que atendería el pago de las obligaciones.
En este contexto adverso, se registraron en 1980 las primeras caídas del producto interno bruto de la región. Y por primera vez el ingreso neto de capitales del exterior no cubrió el déficit de cuenta corriente. Esto llevó a formular programas que indujeran una recesión y minimizaran las pérdidas de reservas. A pesar de ello, al término del año se presentaron reducciones significativas.
En 1980 el crecimiento regional fue solo de 1,5%, seguido de una caída en 1981 de 0,9%; a lo largo de todo el decenio el crecimiento fue tan solo de 1%.[lii] Es importante resaltar que el resultado se originó en gran medida en el Norte. Su exceso de liquidez y la laxitud de su regulación bancaria estimularon el endeudamiento. Hubo grupos que se beneficiaban de esas operaciones. Igualmente, los organismos multilaterales participaron activamente, bien como acreedores o alentando a los bancos privados y a los gobiernos a contraer los créditos.
El 3 de febrero de 1978, el Banco Mundial hacía la siguiente previsión:
El gobierno mexicano experimentará, casi con certeza, un importante incremento de los recursos a su disposición. Un amplio aumento de los ingresos por exportaciones, por petróleo que en los ochenta facilitaría mucho la gestión del problema de la deuda externa y de las finanzas públicas. El servicio de la deuda externa, que representaba el 32,6 % de los ingresos por exportaciones en 1976, aumentará progresivamente al 53,1 % en 1978, y a continuación se reducirá hasta el 49,4 % en 1980 y alrededor del 30 % en 1982. ¡Todo lo contrario de lo que en realidad pasó! Los hechos contradicen la totalidad del pronóstico.[liii]
Informes de esta clase creaban expectativas favorables sobre la solvencia futura de México y “animaba” a acreedores y deudores al endeudamiento.
El 20 de agosto de 1982 se reconoció plenamente el comienzo del problema. Luego de transferir a los bancos privados norteamericanos y europeos y al Banco Mundial enormes sumas en los primeros siete meses de año, México informó a los mercados que le era imposible atender el servicio de su deuda externa. En julio del año anterior, Costa Rica había realizado un anuncio similar y otros Estados presentaban retrasos en el pago de sus cuotas. Sin embargo, el anuncio de México se consideró grave debido a la cuantía de su saldo. “Muy pronto la crisis abarcó a otros países en situación similar, que también suspendieron el pago de sus compromisos externos, lo que amenazó la solvencia de importantes bancos, en especial de los Estados Unidos. Se marcó así el inicio de un prolongado proceso de ajustes, negociaciones y turbulencias que tuvo gravísimas y duraderas consecuencias en la actividad económica y humana de la región.”[liv] Así se inició la llamada crisis de la deuda. En realidad ahora se expresaba, pero había sido incubada desde los inicios de la década del setenta.
La recesión económica y la inflación hacían impagables las acreencias. Cabían varias soluciones. Una, habría consistido en declarar la moratoria e inmediatamente se habría producido una colosal quiebra del sistema financiero. Otra, podría haber sido un acuerdo entre deudores y acreedores, como corresponsables del problema, orientado a la reestructuración de todas las operaciones crediticias, el otorgamiento de nuevos plazos y créditos adicionales e impedir las transferencias masivas de los deudores a los bancos y evitar la recesión. También existía la posibilidad de hacer cumplir a rajatabla los contratos, suspender abruptamente los desembolsos, producir la virtual quiebra de las naciones más endeudadas, garantizar que los bancos continuaran su largo y tedioso camino de reportar cada año utilidades a sus socios y, por supuesto, economizarles un desastre económico con eventuales repercusiones en el empleo y en el bienestar de sus ciudadanos.
El poder de los acreedores y la participación de los organismos multilaterales presionaron a lo largo de un duro proceso con el propósito de impedir que se generalizara la declaración de moratoria y condujeron a los deudores a acuerdos, en los cuales los acreedores se quedaron con la parte del león y la región ingresó en una profunda crisis sin cuento.
La renegociación se dilató a lo largo de toda la década. Pueden demarcarse tres grandes momentos: Uno, de 1982 a 1985, en el que se presentaron tres rondas de negociación y el papel de liderazgo lo ejerció el FM. Esta institución hizo empréstitos adicionales condicionados a la austeridad de los gobiernos, quienes estaban obligados a realizar ajustes fiscales mediante reducciones de gasto, incremento de impuestos y devaluaciones, a fin de estimular las exportaciones y, así, generar recursos encaminados al pago de las obligaciones. Mas los efectos recesivos de las reformas fiscales anularon el incentivo a las exportaciones, produjeron un impacto social negativo y no resolvieron el problema.
Otro periodo se desarrolló entre 1986 y 1988, llamado Plan Baker.[lv] Se ofrecieron nuevos fondos provenientes de la banca multilateral y de los bancos comerciales; a cambio, los deudores debían emprender reformas estructurales orientadas a abrirse al comercio, privatizar las empresas públicas y crear incentivos de diferente índole para atraer inversión extranjera directa. Las partes reaccionaron con cautela ante el plan. Los bancos se mostraron renuentes a reanudar los desembolsos a clientes insolventes, por un lado. Por otro, los países no estaban persuadidos de adelantar las reformas porque se encontraban en recesión. En verdad, las ofertas de los bancos eran modestas frente a la magnitud del problema, los intereses eran elevados y no se consideraba su reducción. Los montos obtenidos fueron pocos y la ejecución de las reformas, lenta.
El fracaso del Plan Baker, llevó al nuevo Secretario del Tesoro, Nicholas Brady, entre 1988 y 1990, a formular un nuevo plan orientado a reducir parte del principal de los créditos mediante varias opciones. Una, consistía en convertir los préstamos vigentes en bonos emitidos a 30 años, con un descuento del 35% sobre el capital y un margen de 0,8 sobre la Libor. Otra, ofrecía un canje por bonos sin descuento sobre el principal, con un plazo de 30 años y un costo 6,26% por debajo del precio de mercado. La tercera alternativa establecía que los bancos comerciales proporcionarían fondos hasta por un 25% de su exposición de riesgo y se les ofrecía una garantía formada por un fondo de US$30 mil millones que crearían el FMI, el BM y Japón. Una cuestión fundamental que subyacía en el plan de Brady era la modificación de las normas tributarias y de regulación bancaria norteamericanas a fin de hacer viable la propuesta a los bancos.
Once países altamente endeudados hicieron acuerdos en el marco del Plan Brady.[lvi] El monto de canje que se emitió fue de alrededor de US$ 150 mil millones y la condonación estuvo en torno al 40% del principal.
Los bancos comerciales tuvieron mínimas pérdidas porque la fracción condonada había sido pagada en virtud de los elevados costos de los intereses que emergieron con posterioridad a los desembolsos. Su negocio suponía la asunción de riesgos de mercado y de solvencia —que no fueron correctamente evaluados en el momento del otorgamiento—. Los bancos estaban obligados a realizar un cuidadoso cálculo del riesgo de crédito, es decir, determinar cuál era la probabilidad de pérdida y si estos riesgos se hacían realidad expresarlos en sus balances mediante provisiones.
Los fondos buitres[lvii] compraron la deuda a precios irrisorios, luego “hicieron su agosto” cobrando todo el principal y sus intereses, cuando los clientes recuperaron su dinámica.
Los perdedores netos fueron las naciones deudoras y, por supuesto, sus habitantes, que cargaron con los costos. La región retrocedió en su progreso social. La pobreza que en 1980 estaba calculada en 35% subió a 41% en 1990 y solo volvería a los niveles de 1980 veinticuatro años más tarde, lo que indica que socialmente “¡No hubo una década sino un cuarto de siglo perdido!”[lviii]. También hubo otros costos para las generaciones siguientes. Los logros sociales y los económicos, representados en la creación de una base económica que creció de manera sostenida entre 1930 y 1980, se desvanecieron.
El limitadísimo estado de bienestar social y la base económica que había sido construida en el proceso de industrialización del pasado, fueron arrasados con la puesta en marcha de las políticas librecambistas o más conocidas como el modelo neoliberal que tuvo su expresión más nítida en las “recomendaciones” del Consenso de Washington.

Modelo librecambista

Los dramáticos resultados sociales, económicos y políticos en los años ochenta condujeron a un replanteamiento del papel del Estado en la sociedad.
Los gobiernos en el pasado —en la época de la estrategia de sustitución de importaciones— no tuvieron una actitud práctica en la selección de los sectores industriales con mayores capacidades competitivas, no fijaron objetivos de largo alcance ni tampoco establecieron criterios basados en los resultados para poner término a la protección de los sectores. Naturalmente que las industrias, en las primeras etapas, debían estar resguardadas de la competencia externa, de tal forma que pudieran adquirir las capacidades que más adelante les permitieran competir.[lix]Una vez adquiridas, la protección debía cesar. En algunos casos se constató que sus bases económicas eran obsoletas, cerradas al comercio y se escudaban detrás de prebendas administrativas.
La protección indiscriminada a áreas —eficientes y, también, a aquellas que no representaban un beneficio claro—  reveló que las alianzas en el poder habían  permitido a algunas élites sin propósito de industrialización, pero con capacidad de incidir en las políticas, beneficiarse sin que la economía adquiriera una aptitud competitiva.
Hubo también otras razones de orden social que influyeron en el abandono del modelo: La creciente insatisfacción de amplios sectores de la sociedad por el carácter altamente inequitativo del sistema de distribución de ingresos y de la propiedad, así como la demanda por beneficios sociales y libertad política que derivaron en gobiernos represores e incluso en dictaduras militares. Los reclamos por justicia social y la solución de viejos conflictos no resueltos, desembocaron en guerras civiles —en Centroamérica—, en guerras internas no declaradas como en el caso de Colombia, situación agravada por el ingrediente de la renta originada en el negocio de la cocaína, que financiará las guerras de los narcotraficantes, los paramilitares y los guerrilleros.
Desde el ámbito académico se cuestionó la estrategia de sustitución con profundas razones teóricas sobre su inviabilidad. Desde la ortodoxia teórica se afirmaba que el proceso ignoraba el principio de las ventajas comparativas, el equilibrio sectorial         —ؙindicando con ello que la protección industrial conducía a una discriminación contra la agricultura y limitaba sus exportaciones—  y que la intervención oficial generaba una renta, origen de grandes ineficiencias. Ante estas críticas es importante recordar que el proceso en los años treinta comenzó como un hecho ante la realidad del cierre del comercio, con un espíritu heterodoxo. Luego, de forma gradual, los grupos sociales influyeron en la esfera pública y tuvieron expresión en las políticas y después se inició un largo proceso de teorización, principalmente en el seno de la CEPAL, destinado a darle al proceso una base conceptual. El predominio de un espíritu práctico en ese momento histórico permitió forjar un camino singular y, también, problemático en virtud de la coalición de intereses entre los grupos de poder, que facilitó la protección indiscriminada y sin el establecimiento de tiempos y condiciones de su desmonte. Las razones teóricas invocadas por los economistas clásicos no guardan relación con el hecho evidente de que el choque externo causó el fin del proceso y no hubo un tal “agotamiento” que condujera a su desmonte.
La razón principal por la que se derrumbó la estrategia de sustitución de importaciones provino de los choques externos, originados en el financiamiento. Así lo había sido con el modelo primario exportador de los treinta y lo sería en la primera década del siglo XXI, porque la región tiene una dependencia crítica del financiamiento externo por su limitada capacidad de generar ahorro.
Al promediar la década de los ochenta se abrió paso una nueva concepción de la mano de las entidades multilaterales. Pero no fue estrictamente una imposición externa lo que sucedió: Aquí estaban los epígonos listos a entrar en la escena. Los grupos sociales que habían comandado el antiguo régimen se debilitaron, perdieron influencia en las esferas de poder y lentamente fueron sustituidos. Surgieron por el continente gobiernos de corte neoliberal dispuestos a reorientar la conducción de los asuntos públicos a la luz de las ideas en boga sobre el liberalismo económico.
El Consenso de Washington fue la forma como John Williamson[lx] tituló una serie de recomendaciones. Indicaba con ello Williamson, que estas líneas recogían lo que estaba bien visto por el BM, el FMI, el Departamento de Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras instituciones establecidas en la capital norteamericana.
En lo fundamental, se señalaba una receta de diez puntos que debía aplicarse. Si se hacía de forma correcta, aseguraría que las economías saldrían fortalecidas de la crisis y podrían alcanzar de nuevo una senda de crecimiento estable, como había sido la característica de la evolución económica en los cincuenta años del modelo de industrialización anterior.
Los elementos de la receta eran: disciplina fiscal, reorientación del gasto público, eliminación de los subsidios indiscriminados y su orientación hacia inversiones en salud y educación a los sectores más vulnerables, ampliación de la base tributaria, intereses determinados por las fuerzas del mercado, tipos de cambios competitivos, fin de la protección arancelaria a la producción nacional y liberación del comercio —apertura comercial—,  incentivos a la inversión extranjera directa, privatización de las empresas públicas, predominio de la desregulación estatal de la actividad privada y seguridad jurídica a los derechos de propiedad.
Como podrá observarse, se trataba de retirar al Estado de toda intervención en la vida económica. Sus funciones consistirían en garantizar la seguridad, dirigir su gasto social a los sectores más débiles de la sociedad y, sobre todo, permitir de nuevo que las fuerzas del mercado actuaran y asegurar, así, un progreso. En el momento en que se formularon estas recomendaciones, dos gobiernos, el de Margaret Thatcher y el de Ronald Reagan, sirvieron como efecto demostración.
Examinada la situación con la ventaja que brinda la perspectiva del tiempo, se pretendía atrapar la complejidad social con fórmulas de libro de texto en extremo sencillas, lo que resultaba desconcertante. Pero lo era aún más, encontrar cómo élites y grupos de burócratas locales, ligados a los organismos multilaterales, dieron la bienvenida al libre cambio. “Hay una cosa que, sin la menor duda, comparte la economía con el cuerpo humano: es complejísima. Por lo tanto, es de esperar que incluso una descripción cualitativa adecuada resulte difícil. Me encuentro, sin embargo, con que muy poca gente, inclusive muy pocos economistas  —debería decir, con pena, que especialmente los economistas—, tiene una verdadera apreciación y comprensión de la enorme complejidad de un sistema económico.”.[lxi]
La institución del nuevo modelo, con diferentes énfasis según el país, fue el resultado de la interacción, por un lado, de tres esferas claras de poder: la jerarquizada de los funcionarios estatales, la parlamentaria y la de los grupos de presión, y, por otro lado, la acción persuasiva de los organismos multilaterales.
Los grupos de presión no regulados suelen florecer en democracias con débiles sistemas públicos y constituyen el mecanismo idóneo de sectores económicos sin poder político, pero sí económico, de influir en la orientación de los gobiernos y en las decisiones de los parlamentos.
En la esfera de los funcionarios se formó por largo tiempo una élite proveniente de la carrera administrativa, de las instituciones multilaterales y del sector privado. En la visión general de esta burocracia predominan los criterios de reducción del papel de lo público en la economía, el fortalecimiento del mercado, la eficiencia y modernización de la administración pública, el realismo a la hora de atender las demandas de carácter redistributivo de la población, dado que un factor crucial de la política es la contención del gasto público[lxii].
Observadores menos conspicuos que los economistas ligados a los centros de poder, señalaban que el sentido último de las reformas consistía en asegurar que los países estuvieran preparados y cumplieran su papel histórico como fuente permanente de materias primas, se desempeñaran en el futuro como buenos acreedores y se mantuvieran disciplinados y plenamente cooperantes con Washington.
El tránsito hacia el nuevo mundo se dio de manera rápida. Durante el proceso de sustitución de importaciones se consideraba que debería darse una apertura gradual y evitar un impacto negativo en la base económica; ahora se imponía exactamente el criterio contrario: acelerar el proceso e impedir cualquier tentación de reversar lo construido. Por ello se hizo una apertura total y rápida.
Esto significó el desmonte de las medidas administrativas del comercio exterior. Solo se adoptó un arancel mínimo buscando neutralidad de las medidas arancelarias. Se acudió a una masiva desregulación, con pocas excepciones como las finanzas y los servicios públicos, entre otros. Se adelantaron reformas financieras, liberación del mercado de capitales, determinación de los intereses por parte de las fuerzas del mercado, tipos de cambio flotantes, eliminación del crédito subsidiado, nuevos criterios de contratación con el propósito de facilitar que el sector privado participara en la prestación de los servicios públicos, intervención de inversionistas privados en los sistemas de pensiones y de salud de los trabajadores, lo cual llevó a romper con el principio de la solidaridad en las pensiones.
Estas reformas no fueron objeto de debates. La situación de postración facilitó la implantación de las nuevas medidas. La fuerza persuasoria de las instituciones multilaterales encontró en la burocracia autóctona, ligada a los organismo de poder y en los sectores empresariales vinculados a la actividad financiera y a las empresas multinacionales, aliados estratégicos del paradigma del librecambio. Solo sectores académicos, fuerzas sindicales y minorías que estaban en capacidad de valorar el sentido del nuevo modelo se mostraron críticos, pero sus posiciones en unos casos fueron ignoradas y, en otros, su carácter marginal no permitió que trascendieran. Se adoptó un ideario confeccionado en otro lugar, en cuya adopción no hubo un debate amplio de la sociedad. No se afirma aquí la existencia de una potencia externa malvada y un continente inocente al que le hayan impuesto una doctrina. Existieron grupos sociales locales con el poder suficiente, en las instancias de decisión, de asumir la concepción del librecambio como propia.
El dogma del librecambio fue presentado como la salvación del continente. El experimento había comenzado en Chile, con la dictadura de Pinochet. Fue lo que su inspirador, Milton Friedman, llamó el “milagro de Chile”, basado en planes de privatización, reducción del gasto público, desregulación, liberalización de los mercados y una fuerte represión de la protesta social. Era el espejo en el que debían mirarse todos. En realidad, en otras latitudes todo esto se miraba con otros ojos. Era visto como un planteamiento con un alto contenido de la ideología dominante.
El libre comercio está bien para los departamentos universitarios y para las columnas de opinión en los diarios, pero no hay nadie que se tome en serio esa doctrina en el gobierno ni en el mundo empresarial. Los sectores de la economía estadounidense que pueden competir en el mercado internacional son principalmente los que reciben subsidios estatales, o sea, la agricultura, la industria de alta tecnología, los laboratorios farmacéuticos y la biotecnología, entre otros.[lxiii]
Los cambios que se dieron con el inicio de las nuevas políticas tuvieron gran profundidad en el entramado institucional y recibieron el nombre de reformas estructurales. Reformas “orientadas a mejorar la eficiencia facilitando el funcionamiento de los mercados y reduciendo las distorsiones de la intervención pública en las actividades económicas.”.[lxiv]
La reforma comercial fue la primera que se emprendió. Los aranceles en promedio del 42% al inicio en 1985, pasaron seis años más tarde a 13,2% y en el 2005 eran de menos de 10%.[lxv] La reforma financiera estuvo dirigida con un espíritu de liberación de la actividad de las instituciones del ramo, limitadas solo por una regulación prudencial y una “atenta” supervisión buscando que las fuerzas del mercado operaran libremente. Se redujeron los encajes, se eliminaron los controles a las tasas de interés y se desmontaron las inversiones forzosas.[lxvi] El sector financiero debió acogerse a la regulación de los Acuerdos de Basilea. Se dieron grandes pasos en la privatización de la banca pública, la apertura a la inversión extranjera en los bancos locales, y vía libre hacia un tipo de banca universal.[lxvii]
Las reformas tributarias cambiaron la orientación tradicional de la tributación imperante en el pasado. Los ingresos tributarios provenientes del impuesto al comercio exterior representaban, en los ochenta, el 18%, y pasaron, en los noventa, a 13,7%. Compensar esta situación condujo a incrementar los impuestos al consumo, con los sistemas de impuesto al valor agregado. Es bien conocido el carácter regresivo de esta clase de tributación, puesto que afecta en mayor proporción a las personas más pobres.[lxviii]Este cambio en la orientación fiscal incidió de manera significativa en el incremento de la inequidad social de la región.
La privatización de empresas fue un campo activo en la primera década de implantación de las nuevas políticas. Se transfirieron, al sector privado, 396 empresas. Brasil, Argentina, Bolivia y Chile fueron los más dinámicos. En el campo de la infraestructura de Bolivia en 1999, el valor de la inversión fue equivalente al 51% del valor de su economía y en Chile, el 37%. La infraestructura y el ámbito financiero captaron la atención de la ola privatizadora.[lxix]
Las reformas laborales completaron el panorama. Aquí la tarea no la realizaron los gobiernos con el mismo éxito de las anteriores. De hecho, solo se hicieron reformas significativas en Argentina, Colombia, Guatemala, Panamá, Perú y Venezuela. Colombia realizó dos reformas: una, en 1991, y otra, en 2002. Probablemente la movilización de los trabajadores pudo disuadir de continuar en esta senda, ya que las reformas en materia laboral se concentraron en moderar los costos de despido y facilitar la contratación temporal de trabajadores.

Un balance de los principales resultados económicos en un tiempo suficientemente largo, señala un panorama desalentador. Entre 1990 y 2013, correspondiente a la vigencia del librecambio, el crecimiento económico fue solo de 3,1%.[lxx] Contrasta nítidamente esta cifra con el crecimiento de 5,5% entre 1930 y 1980,[lxxi] tiempo en que operó la sustitución de importaciones. El PIB per cápita evolucionó lentamente en los lugares donde vive una gran parte de la población. El 91,7% de la población vive en países en los que el incremento medio de ese indicador fue inferior al 2% entre 1980 y 2012, incluido un 32% que reside donde el crecimiento fue inferior al 1%.[lxxii] Los auspiciadores del cambio auguraban crecimientos elevados y estables de la economía. Pese a los esfuerzos realizados, a los sacrificios en el gasto público y a la disciplina macroeconómica, los resultados son decepcionantes. Continúa la vulnerabilidad ante los choques externos. Sucedieron dos crisis de gran magnitud  —la de Rusia y del Sudeste asiático en 1997, y la de los activos tóxicos en el sector financiero que se originó en Estados Unidos en el 2008—  que afectaron negativamente a Latinoamérica por el deterioro de los términos de intercambio. En la última década hubo una leve mejoría del ahorro nacional— creció trescientos puntos básicos respecto al producto interno bruto.[lxxiii]
En el campo social se presentaron algunos adelantos en la evolución del coeficiente de Gini,[lxxiv] señal de un limitado progreso en la distribución del ingreso. Igualmente lo hubo en la disminución de los niveles de pobreza. Pero sigue existiendo gran inequidad en la distribución. “El 10% más rico de la población concentra el 32% de los ingresos totales, mientras que el 40% más pobre solo percibe el 15%. En el Caribe, el nivel de desigualdad es menor.”[lxxv].
Recientemente surgió una gran inquietud por la medición de la desigualdad, especialmente a raíz de la publicación de la obra de Thomas Piketty: El capital en el siglo XXI.[lxxvi]Se requiere ir directamente a los datos precisos para identificar su magnitud. Los estudios realizados a partir de la dinámica de los índices Gini en los diferentes países del continente no parecen ser satisfactorios. Esto se ilustra con la reciente investigación de Facundo Alvaredo y Juliana Londoño Vélez[lxxvii] sobre la evolución de los altos ingresos y la tributación personal en Colombia, entre 1993 y 2010, basada en la información reportada por la agencia tributaria. El estudio revela alarmantes hallazgos. Los cálculos sustentados en las cifras oficiales indican que el 1% de los declarantes de renta concentra el 20% del ingreso. Este es el más alto nivel de desigualdad registrado en la base de datos de los ingresos más altos del mundo.[lxxviii].
Entre el 2002 y el 2008 se presentó una reducción de la pobreza originada en el auge de los precios de los productos básicos, que impulsaron un pequeño ciclo de prosperidad. La recesión terminó abruptamente esa etapa. Si bien se han presentado reducciones de la pobreza, sus niveles son elevados y su quantum está en virtud de los criterios de su medición. Siempre serán controversiales estas mediciones porque los gobiernos argumentan otras formas de medición que tienden a ser más favorables a sus propósitos. Suelen utilizarse varias metodologías diferentes a la mencionada —por ejemplo, la medición multidimensional que cuenta los hogares en distintas dimensiones, como lo son: educación, salud y habitabilidad—. Empleando cualquiera de ellas, las cifras son todavía desesperanzadoras.
Los impulsores del Consenso de Washington aspiraban a que se solucionara el problema endémico de la inflación y se lograra atraer inversión extranjera directa y remediar una de sus grandes limitaciones, como era el financiamiento de la inversión. En ambos temas los resultados son positivos. Los problemas inflacionarios desaparecieron y se atrajo inversión directa extranjera[lxxix].
En el balance sobresale como un gran desacierto el proceso de desindustrialización. La creación de la infraestructura industrial fue un esfuerzo realizado a lo largo del siglo XX, y en las dos primeras décadas de librecambio esta actividad perdió su liderazgo. Su participación en el conjunto se vino a menos. En el 2007 su aporte era solo de 16%, mientras que al inicio del proceso era de 25%.[lxxx]El espacio dejado por la industria manufacturera fue ocupado por la minería y por los servicios, especialmente los financieros, que crecieron de forma extraordinaria con la llegada del capital internacional.
El empleo evolucionó de forma desfavorable por el impacto de la desindustrialización. La tasa de desempleo pasó de 6% en 1990 a 11,2% en 2002, mientras que la informalidad evolucionó del 42,3% al 47,9% en el mismo ciclo. Estas cifras fueron aún más desfavorables en Suramérica que en el resto del continente. El deterioro se redujo hacia 2008 por el auge de los productos básicos que disminuyeron el desempleo en ese año al 7,6%, y la informalidad al 45,2%.[lxxxi] Pero el auge se desvaneció, lo que ilustra una vez más las vulnerabilidades respecto al sector externo.[lxxxii]
Un aspecto social notable con repercusiones económicas apreciables lo constituyen las corrientes migratorias hacia Norteamérica y Europa. El desempleo originado por el desmantelamiento industrial, el menor crecimiento, las guerras de Centroamérica y de Colombia, así como los factores de atracción de sitios de destino en tareas de baja calificación en el sector de los servicios, crearon una corriente migratoria de tal vigor que la población caribe y latinoamericana migrante en Estados Unidos pasó de 3,8 millones en 1980 a 20 millones en 2010, sin considerar a quienes ingresaron ilegalmente. En el viejo continente el principal receptor de población fue España. El impacto económico de las migraciones se expresó en el incremento de remesas hacia Latinoamérica. Estas representaban el 0,2% del PIB en 1980 y en el 2008 equivalían al 2%. Luego de la crisis del 2009 las remesas se redujeron y se inició un reflujo migratorio.[lxxxiii]
Se esperaba que la modernización económica y su dinámica —inducida por las fuerzas del mercado, liberado de las ataduras del pasado—  llevaría a una disminución del sector informal. La hipótesis del «efecto goteo» aduce que el crecimiento del sector moderno, si es sostenido un largo tiempo, eventualmente extiende sus beneficios a toda la sociedad, incluyendo a los sectores tradicionales. La evidencia indica que no fue así. Por el contrario, la informalidad se incrementó y el dualismo se hizo mayor.
La situación de pobreza es desesperanzadora. En América Latina, a pesar del crecimiento económico en el siglo XX y de la “modernización” de los últimos veinticinco años con la introducción del modelo neoliberal, las cifras continúan siendo desalentadoras. Millones de seres se hunden en la pobreza, el hambre, la ignorancia y en la absoluta falta de libertad de conducirse con dignidad. El documento Panorama Social de América Latina 2014,  de la CEPAL,[lxxxiv] informa que la situación de pobreza en la región se mantuvo estable entre los años 2012 y 2013 y se calcula una cifra similar para el 2014. En ese tiempo el 28% de la población se hallaba en la misma condición. En términos crudos esto significa que los pobres de la región en 2013 eran 167 millones de personas, equivalentes a algo más de tres veces la población total de Colombia. De todos ellos, el 12%, es decir, 71 millones de seres humanos, se encontraban en situación de extrema pobreza o indigencia.[lxxxv]
Las transformaciones económicas estuvieron acompañadas de reformas institucionales, rediseño de los esquemas constitucionales, nuevas formas locales de democracia representativa, adecuaciones de las organizaciones judiciales y policiales, etc. Las reformas fueron presentadas como un asunto técnico a fin de conseguir eficiencia y transparencia. Ese reduccionismo hacia lo operativo era una forma de ocultamiento de lo político: para que aquello que debe ser objeto del escrutinio de la sociedad se acaparado sin discusión. Con las nuevas políticas se experimentó menor crecimiento económico, hubo aumento de la informalidad, retiro del Estado de muchas tareas sociales, predominio de los criterios de la rentabilidad, abandono de los principios de solidaridad en las prestaciones de servicios  —razón necesaria de la cohesión social —  y la exaltación del afán de lucro. Las reformas no tuvieron el impacto social que se esperaba. La corrupción y el crimen se enseñorearon. Las características de esta realidad quedan reflejadas de forma abrumadora en el informe sobre el Desarrollo Humano del 2013- 2014 del PNUD:
Entre 2000 y 2010 la tasa de homicidios creció 11%, mientras que en la mayoría de las regiones del mundo descendió o se estabilizó. En una década han muerto más de un millón de personas en Latinoamérica y el Caribe por causa de la violencia criminal. Por otra parte, considerando los países para los cuales se cuenta con información, los robos se han casi triplicado en los últimos 25 años. Y, en un día típico, en América Latina 460 personas sufren las consecuencias de la violencia sexual; la mayoría son mujeres. La violencia y el delito dañan directamente el núcleo básico de derechos que están en la base del desarrollo humano: la vida y la integridad física y material de las personas.[lxxxvi]







[i] Expresión de Marx traducida del inglés por Amartya Sen directamente de la versión inglesa de McLlellan (1970), p. 190. Tomado de Sen, A. (1985) ¿Cuál es el camino del desarrollo? Comercio Exterior vol. 35 núm. 10, México, octubre 1985 pp. 939-949.

[ii] Furió-Blasco, E. (1998) Albert Hirschman y el camino hacia el desarrollo económico. p. 606 FCE.

[iii] Bértola, L y Ocampo, J.A. (2014) Desarrollo, vaivenes y desigualdades. Una historia económica de América Latina desde la independencia. Secretaría General Iberoamericana p. 259.

[iv] Guy Ryder. PORTAFOLIO. Octubre 13 de 2014.

[v] PORTAFOLIO, Junio 25 de 2014.

[vi] Stiglitz, J. La edad de la vulnerabilidad 18 OCT 2014. EL ESPECTADOR. y Nussbaum, M. (2012) Crear capacidades. Paidós.

[vii] Piketty, T. (2014) El capital en el siglo XXI. FCE p. 47.

[viii] International Student Initiative for Pluralism in Economics, Llamamiento internacional de estudiantes de economía a favor de una enseñanza pluralista. Revista de Economía Institucional, vol. 16, n. º 30, primer semestre 2014, pp. 339-341.

[ix] En julio de 1944 los aliados se reunieron en la localidad de Bretton Woods, Estados Unidos, para establecer las reglas de cómo serían en la postguerra las relaciones comerciales entre los países.

[x] Bélgica, Italia, Francia, Holanda, Canadá, Italia, Suecia, Estados Unidos. Se sumarían, luego, Japón y la República Federal Alemana.

[xi] Chomsky, N. (2014). Cómo funciona el mundo. Madrid: Katz Editores p. 18.

[xii] Grupo conformado por los bancos centrales de siete países europeos y la Reserva Federal de Estados Unidos.

[xiii] Green, T. (1981). El Nuevo mundo del Oro. p. 22 Planeta.

[xiv] Lobo, A. (1985). El mercado mundial del oro, p. 5.

[xv] Ibíd. p 5.

[xvi] Rifkin, J. (2011). La tercera revolución industrial. Paidós. p.24.

[xvii] Estancamiento económico, acompañado de inflación. La concurrencia de ambos fenómenos resultaba extraña.

[xviii] Recientemente fue denominado proceso de industrialización dirigido por el Estado,  por el economista colombiano José Antonio Ocampo en su luminosa obra: Desarrollo, vaivenes y desigualdad. Una historia económica de América Latina desde la independencia. Escrita en colaboración con Luis Bértola y editada por la Secretaría General Iberoamericana en 2014.
Este ensayo debe mucho a aquella obra en lo que respecta al estudio del proceso de sustitución de importaciones.

[xix] Love, J. Citado por Ocampo, J.A. en Hirschman, la industrialización y la teoría del desarrollo. Desarrollo y Sociedad no.62 Bogotá July/Dec. 2008.

[xx] Bértola, L. y Ocampo, J.A. (2014) Desarrollo, vaivenes y desigualdades. Una historia económica de América Latina desde la independencia. Secretaría General Iberoamericana p. 163.

[xxi] Ibíd. p.214.

[xxii] En la medida en que el proceso parecía estancarse y se requerían niveles altos de tecnología y de mayor capital, fueron necesarios cambios en el sistema político. “Los nuevos sectores controlados por las multinacionales y el sector financiero trataron de influir en las decisiones nacionales. Esto terminó con la sustitución de los regímenes democráticos por regímenes autoritarios corporativos. Las rebeliones fueron reprimidas con el argumento del temor a la amenaza comunista. La influencia militar se presentó entonces como una condición necesaria para el desarrollo”. Pastoret. C (2006). Cardoso el oposito académico vs. Cardoso el político. ¿Continuidad o ruptura? Revista de economía institucional. (8), pp. 69—95.

[xxiii] En el siglo XIX la esperanza de vida era muy breve. En 1825 era de 25 años, setenta y cinco años después tan solo era de 26 años, similar a la de Francia en 1750. Las enfermedades de origen infeccioso cobraban muchas vidas humanas y no existía una cura efectiva para su tratamiento. Las epidemias de paludismo, cólera, fiebre amarilla, etc., tenían un impacto muy negativo, en medio de continuas crisis económicas y de interminables guerras que diezmaban a la población. Véase Zabala. M.E (1985) Dos modelos de transición demográfica en América Latina. Revista Perfiles Latinoamericanos (6) p. 29—47.
En este estudio se hace una excelente presentación de la transición demográfica de América Latina en el siglo XX.

[xxiv] Ibíd. p.30.

[xxv] Ibíd. p. 32.
[xxvi] Es un indicador de dependencia económica potencial; mide la población en edades "teóricamente" inactivas en relación con la población en edades "teóricamente" activas. Cálculo: Total de población de 0 a 14 años más la población de 65 y más, dividido por el total de población de 15 a 64 años, multiplicado por 100. Un valor de 60 significa que, por cada 100 personas en edad de trabajar, hay 60 personas en edades inactivas. Celade. CEPAL.

[xxvii] Ibídem p. 36.

[xxviii] Bértola, L. y Ocampo, J.A. (2014) Desarrollo, vaivenes y desigualdades. Una historia económica de América Latina desde la independencia. Secretaría General Iberoamericana p. 195.

[xxix] Se presenta cuando la proporción de población en edad de trabajar crece más rápidamente que la población dependiente en edad escolar o en edad de retiro. Se presenta una situación en la que se cuenta con una mayor proporción de población en edad de ahorrar, invertir, trabajar y producir, mientras que cada vez un menor número de personas requiere de inversiones en educación y salud. Se supone que, en estas condiciones, sería posible activar un proceso de mayor acumulación de activos y mayor crecimiento económico.

[xxx] Este aspecto se trata extensa y profundamente en: Dinámica demográfica y desarrollo en América Latina y el Caribe. CEPAL 2005.

[xxxi] Bértola, L y Ocampo, J.A. (2014) Desarrollo, vaivenes y desigualdades. Una historia económica de América Latina desde la independencia. Secretaría General Iberoamericana p. 152.

[xxxii] Arriaga. C. (2000) Pobreza en América Latina: Nuevos escenarios y desafíos de políticas para el hábitat urbano. p. 8 CEPAL.

[xxxiii] Harss, L. (2014) Los Nuestros. p. 42 ALFAGUARA.

[xxxiv] Es tal el dogmatismo entre algunos —quizá muchos—  economistas que Ghislain Deleplace cuenta la siguiente anécdota: “Robert Lucas podía así escribir en 1980 en un artículo titulado “La muerte de la economía keynesiana”: “No se puede encontrar a buenos economistas menores de cuarenta años que se designen ellos mismos o sus trabajos como keynesianos. La gente se molesta incluso cuando se refieren a ellos como `keynesianos’. En los seminarios de investigación, nadie toma ya seriamente la teorización keynesiana; el público comienza a susurrar y a reír estúpidamente”. (Lucas, 1980). Lect. Econ., 69 (julio-diciembre), pp. 245-298 © Universidad de Antioquia-Lecturas de Economía, 2008.

[xxxv] Dólares norteamericanos adquiridos y negociados por un banco que tiene su residencia fuera de los Estados Unidos.

[xxxvi] La tasa de interés negativa es la tasa de interés activa ajustada por inflación según el deflactor del PIB.

[xxxvii] Cartel o cártel corresponde a la organización empresarial orientada a anular la competencia en una actividad económica.

[xxxviii] La Libor (London Interbank Offered Rate) es una tasa de interés formada por las tasas de las transacciones que realizan entre sí los bancos en Londres en operaciones de corto plazo.

[xxxix] La manipulación de la libor, efectuada por los bancos que operan en el mercado de Londres, condujo en 2013 a una severa sanción. Los siguientes bancos: Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Citigroup, Société Générale, JP Morgan y RP Martin fueron multados con 1.712 millones de euros. Estos seis bancos fueron acusados de conspirar en la fijación de las tasas.

[xl] Un crédito sindicado es un tipo de préstamo otorgado por varios bancos y es estructurado, arreglado y administrado por uno o varios bancos comerciales, conocidos como organizadores.

[xli] Cuando se presentó el riesgo de insolvencia, los bancos presionaron a los gobiernos de los acreedores para que los países nacionalizaran la deuda.

[xlii] El banco de pagos internacionales es el banco de los bancos centrales y elabora normas de regulación bancaria. Su sede está en Basilea.

[xliii] En el siguiente sitio web se encuentra amplia información al respecto: http://cadtm.org/La-deuda-del-Tercer-Mundo.

[xliv] Ocampo. J.A. (2012) La crisis de la deuda a la luz de la historia CEPAL p. 89.

[xlv] José Antonio Ocampo, refiriéndose a la situación del sector externo colombiano en la segunda mitad del régimen del depredador político y social Julio César Turbay Ayala, afirma: “El origen de esta sólida situación externa fue la bonanza cafetera que experimentó el país en la segunda mitad de la década pasada, como reflejo, primero, de los altos precios prevalecientes en el mercado internacional y, posteriormente, de la posibilidad de exportar grandes volúmenes del grano cuando no estaba en vigencia el Acuerdo Internacional del Café. Es preciso tener en cuenta, sin embargo, que, como preludio a lo que acontecería en los años posteriores, el apreciable crecimiento de las reservas internacionales del país en 1979 y 1980 no reflejaba tanto esta inmejorable situación de nuestro principal producto de exportación, sino la acelerada contratación de empréstitos externos públicos y privados, una vez el gobierno de Julio César Turbay Ayala abandonó los controles al endeudamiento con el resto del mundo que se habían aplicado con rigor durante la administración de Alfonso López Michelsen”. Rev, Lecturas de Economía 11 Medellín, Mayo-Agosto de 1985.

[xlvi] Ha-joon Chang expresa esta idea con gran lucidez: “El crecimiento económico de Corea y la transformación social resultante durante las cuatro últimas décadas y media han sido verdaderamente espectaculares. Ha pasado de ser uno de los países más pobres del mundo… Una nación cuyas exportaciones principales incluían mineral de tungsteno, pescado y pelucas hechas con cabellos humanos se ha convertido en un centro neurálgico de alta tecnología, exportando modernos teléfonos móviles y televisores de pantalla plana codiciados en todo el mundo. Mejor nutrición y asistencia sanitaria significan que un bebé nacido en la Corea actual puede esperar vivir 24 años más que alguien nacido a principios de la década de 1960 (77 años en lugar de 53). En vez de 78 bebés de cada 1.000, solo cinco morirán en menos de un año, rompiendo el corazón de muchos menos padres. En lo que se refiere a estos cambios en las esperanzas de vida, el progreso de Corea es como si Haití se hubiera convertido en Suiza.” Chang H-J (2008) ¿Qué fue del buen samaritano? FUND. INTERMON OXFAM p. 35. Version digital.

[xlvii] Ibídem p. 43.

[xlviii] Morris Goldstein y Moshin S. Khan, "Effects of slowdown in industrial countries in non-oil developing countries". FMI, Occasional Paper N° 12. Washington, agosto, 1982. Citado por Sánchez Arnau, Juan Carlos (1983) en La crisis económica internacional y su repercusión en América Latina. P. 47 CEPAL.

[xlix] Ibídem P. 48.

[li] “Como consecuencia de esta alza, el pago de intereses absorbió en 1980 el ochenta por ciento de los préstamos recibidos y el rubro de los intereses contribuyó con casi el 50% del déficit registrado en cuenta corriente. “Sánchez Arnau, Juan Carlos (1983) La crisis económica internacional y su repercusión en América Latina. p.60 CEPAL.

[lii] Ibídem. p 26.

[liii] Eric Toussaint (2006) La crisis de la deuda mexicana y el Banco Mundial p. 1 CATM. Toussaint a su vez toma este pronóstico de KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1: History, Brookings Institution Press, Washington, D.C., p. 499.

[liv] Stallings, B. (2014) La economía política de las negociaciones de la deuda: América Latina en la década de los ochenta. La crisis latinoamericana de la deuda desde la perspectiva histórica 2014. p. 9 CEPAL.
           
[lv] Ibídem p. 65.

[lvi] Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

[lvii] Fondos buitre son inversionistas que compran con grandes descuentos títulos de deuda de países insolventes y luego, apoyados en el sistema judicial  —especialmente el de Estados Unidos—  buscan el repago de toda la deuda más los intereses, lo que representa típicamente un gran negocio a costa de los recursos de países pobres. En 2014 Argentina debió enfrentar un duro ataque de un fondo buitre. “Los buitres no eran ni inversores a largo plazo en Argentina ni optimistas que creían que las políticas del Consenso de Washington irían a funcionar. Simplemente fueron especuladores que se abalanzaron tras la moratoria del año 2001 y compraron bonos, que fueron vendidos por inversores que habían entrado en pánico, a un precio que representaba una fracción de su valor nominal. Posteriormente demandaron a Argentina para obtener el 100% de dicho valor. NML Capital, una filial del fondo de cobertura Elliot Management, cuyo ejecutivo principal es Paul Singer, invirtió US$48 millones en bonos en el año 2008; gracias al fallo de Griesa (juez norteamericano), NML Capital ahora debería recibir US$832 millones, una ganancia de más del 1.600%.”J. Stiglitz. El Espectador. Agosto 2014.

[lviii] Bértola, L. y Ocampo, J.A. (2014) Desarrollo, vaivenes y desigualdades. Una historia económica de América Latina desde la independencia. p. 259 Secretaría General Iberoamericana.

[lix] Se requiere tiempo y experiencia para absorber nuevas tecnologías, por lo que los productores tecnológicamente atrasados necesitan algún tiempo de protección de la competencia internacional durante el tiempo de aprendizaje. Esa protección es costosa, porque el país está renunciando a la posibilidad de importar productos mejores y más baratos. Sin embargo, es un precio que debe pagar si quiere desarrollar industrias avanzadas. Chang H-J (2008) ¿Qué fue del buen samaritano? FUND. INTERMON OXFAM p. 118. Versión digital.

[lx] John Williamson (Inglaterra, 1937) economista británico, reconocido por acuñar el término Consenso de Washington. Trabajó en el Departamento del Tesoro británico (1968-70), en el FMI (1972-74) y el Banco Mundial (1996-99).

[lxi] Morgenstern, O. Los defectos del producto nacional bruto, http://laeditorialpi.blogspot.com/.

[lxii] Mansilla realiza un excelente análisis sobre la evolución de las élites latinoamericanas. “En los últimos veinte años se han realizado reformas constitucionales de gran envergadura, que no han impedido y ni siquiera mitigado antiguas usanzas burocráticas y prácticas corruptas aberrantes y erráticas. Por ejemplo: la reorganización del Poder Judicial -la creación de nuevos órganos como el tribunal constitucional, el defensor del pueblo, el consejo de la magistratura y el establecimiento de nuevos códigos- no ha podido alterar sino muy parcialmente las rutinas de venalidad, lentitud e ineficacia que caracterizan los estrados judiciales desde la era colonial española. La modernización de la administración estatal y de las fuerzas del orden público (especialmente de la policía), no ha podido evitar la persistencia de engorrosos trámites y de hábitos irracionales, por un lado, y el aumento espectacular de la inseguridad ciudadana en los últimos tiempos, por otro. Jamás se había discutido tanto sobre temas de medio ambiente, y nunca se han aniquilado tantos bosques como en los últimos años, es decir, después de la llamada Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro de 1992. Nunca se hicieron tantos esfuerzos modernizadores para ampliar y mejorar las autonomías municipales, y jamás se dio una ola similar de corrupción y apropiación privada de fondos fiscales en el ámbito de las alcaldías y regiones descentralizadas. Y estos resultados pertenecen sin duda a la responsabilidad histórica de la élite política tecnocrática”.
Mansilla, H.C.F.82006) Las transformaciones de las élites políticas en América Latina. Una visión inusual de la temática. Revista de Ciencias Sociales (RCS) Vol. XII, No. 1, pp. 9 – 20.

[lxiii] Chomsky, N. (2014) Cómo funciona el mundo. p. 22 E Madrid: Katz Editores.

[lxiv] Lora, E. (2012) Las reformas estructurales en América Latina: Qué se ha reformado y cómo medirlo BID p. 5.

[lxv] Ibídem p. 3.

[lxvi] Ibídem p. 10.

[lxvii] Banca universal implica que bajo un mismo techo se ofrecen todos los servicios financieros.

[lxviii] Ibídem p. 15.

[lxix] Ibídem p.16.

[lxx] Tres décadas de crecimiento desigual e inestable (2013) p. 176 CEPAL.

[lxxi] Bértola, L. y Ocampo, J.A. (2014) Desarrollo, vaivenes y desigualdades. Una historia económica de América Latina desde la independencia. p. 152. Secretaría General Iberoamericana.

[lxxii] Tres décadas de crecimiento desigual e inestable (2013) p. 78 CEPAL.

[lxxiii] “Los factores exógenos que contribuyeron al alza del ingreso nacional bruto disponible en el último periodo, también incidieron en el menor recurso al ahorro externo,  las políticas en materia de sostenibilidad de las finanzas públicas y de manejo de reservas internacionales. La contrapartida fue la reducción del endeudamiento externo como proporción del PIB, la significativa acumulación de reservas internacionales netas y los ahorros públicos acumulados en fondos soberanos. Ibídem p. 91.

[lxxiv] El coeficiente de Gini normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos en un país, pero en general se puede usar para medir cualquier distribución. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1; si es 0 significará perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y si el valor es 1 habrá perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).

[lxxv] Ibídem, p. 79.

[lxxvi] Piketty, T. (2014) El capital en el siglo XXI. FCE.

[lxxvii] Alvaredo, F. y Londoño, J. (2013) High incomes and personal taxation in a developing economy: Colombia 1993-2010. Working Paper No. 12. Tulane University.

[lxxviii] WTID — The World Top Incomes Database—  registra información tributaria. Proyecto liderado, entre otros, por Thomas Piketty de la Escuela de Economía de París. Dispone de extensas series de datos, principalmente para los países ricos. De América Latina solo se tienen series de Colombia, Uruguay y Argentina. En el siguiente sitio puede consultarse toda la información al respecto: http://topincomes.parisschoolofeconomics.eu/#CountryInformation:

[lxxix] Pero no en términos  netos porque la remisión de utilidades al exterior “descuadra” la ecuación. “Aunque los flujos de entrada se han mantenido altos (un 2,8% del PIB latinoamericano durante el auge de 2004-08), los crecientes egresos por remesas de utilidades de las empresas y las crecientes inversiones de empresas (y empresarios) latinoamericanos en el exterior (0,9 y 1,7% del PIB en igual periodo) debilitaron la transferencia neta de recursos a través de la inversión extranjera de manera notable en la primera década del siglo XXI.” Bértola, L y Ocampo, J.A (2014) Desarrollo, vaivenes y desigualdades. Una historia económica de América Latina desde la independencia. Secretaría General Iberoamericana p. 243.

[lxxx] Ibídem. p. 183.

[lxxxi] “Para fines analíticos, se considera aquí como integrantes del sector informal a los trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados; a los de la microempresa, definida como una unidad de producción que emplea hasta cinco personas, y a los que se desempeñan en el empleo doméstico…la mayor parte de los pobres pertenece al sector informal de la economía, pero ello no significa que todos los trabajadores informales sean pobres” Rosenbluth G (1994) Informalidad y pobreza en América Latina CEPAL. p.1.

[lxxxii] Bértola, L. y Ocampo, J.A. (2014) Desarrollo, vaivenes y desigualdades. Una historia económica de América Latina desde la independencia. Secretaría General Iberoamericana p.262.

[lxxxiii] Ibídem. p. 244.

[lxxxiv] CEPAL (2015) Panorama social de américa Latina 2014.

[lxxxv] La pobreza extrema se define como el estado más agudo de pobreza. Según el Banco Mundial, pobres extremos son aquellos que subsisten  con menos de 1.25 dólares diarios. Recientemente surgió el eufemismo de habitantes de calle para llamar a estos olvidados que viven  — ¡y mueren!— en  las orillas del río que atraviesa nuestra ciudad.

[lxxxvi] Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. p. 6.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...